Tras aprobarse la Convención sobre los Derechos del Niño, la situación de los menores en nuestro país ha mejorado considerablemente, ya que el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia ha producido numerosas modificaciones legislativas y ha incrementado la sensibilidad social a su favor. Sin duda, la protección contra cualquier forma de violencia es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes.
Como ciudadanos de derecho que son, requieren una adecuada protección jurídica y administrativa, de forma que se garantice la atención de sus necesidades, el pleno desarrollo de su personalidad y su integración social. Esta función propia de los poderes públicos toma forma en casos de desprotección, desamparo o maltrato infantil con el fin de prevenir y evitar situaciones de exclusión social en la infancia. De hecho, a día de hoy, alerta la espesa capa de silencio sobre el maltrato infantil: el 47,6% de los delitos contra la libertad sexual son contra menores de edad y cada año 38.000 menores sufren violencia, sin embargo, se calcula que solo entre el 10 y 15% de los casos son denunciados
Por todo ello, en el Congreso de los Diputados, hemos aprobado el pionero Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que sin duda supone un hito legislativo histórico, partiendo de la premisa de que unas medidas inadecuadas, o la falta de medidas tienen consecuencias más graves para los niños que para cualquier otro grupo de la sociedad.
Popularmente conocida como “Ley Rhodes”, pone el acento en la atención, así como en la prevención, asistencia, asesoramiento, reparación, restauración y sensibilización, abordando un problema multidimensional desde la ampliación de la prescripción de los delitos, que no empezará a correr hasta que las víctimas cumplan los 35 años, así como estableciendo la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años.
Son múltiples las medidas a destacar de esta Ley, tan innovadora como necesaria, como son la prohibición del falso Síndrome de Alienación Parental, el reconocimiento de la violencia vicaria, la creación de Juzgados específicos, así como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales, entre otras asimismo de especial relevancia, sin dejar atrás la incorporación de la perspectiva de género, con especial atención en la violencia ejercida sobre las niñas.
Los cambios producidos en la sociedad española en los últimos años hacen necesaria una aprobación legislativa que atienda a las necesidades reales de nuestros menores y que se apoye en el principio rector del “interés superior del menor”. Sin atisbo de duda, ya la tenemos frente a nosotros.
Una Ley como punto de inflexión para la protección de los menores y adolescentes hasta su edad adulta, favoreciendo la detección precoz de posibles situaciones de violencia, para que vivan sin miedo.
No podemos fallar a nuestros niños, niñas y adolescentes en su presente y en su futuro, pues ello tendría un costo inmenso para la sociedad.
