El Fondo Monetario Internacional está lejos de ser un organismo liberal, por mucho que algunos critiquen en ocasiones sus advertencias tildadas de neo liberales, que a veces pasan por recomendar políticas que pueden significar el recorte de algunos derechos sociales. Al revés, básicamente, es un prestamista de guante blanco, que presta dinero proveniente de países responsables a países en bancarrota, insolventes, que gastan más de lo que ingresan. Por tanto, es una burocracia internacional profundamente anti liberal, que despoja dinero de gobiernos garantes para entregárselo a gobiernos manirrotos, socializando pérdidas.
Pues cómo verá el panorama de la situación de la economía española el FMI para advertir que no saldremos del agujero en los próximos cinco años, porque somos el país desarrollado que peor resiste económicamente los efectos de la crisis del covid y que los presupuestos de Sánchez son una suerte de inmolación suicida difícilmente justificable.
El organismo critica abiertamente determinadas partidas que se incluyen en los citados presupuestos. Con razón, todo sea dicho. Ni las subidas de impuestos y el IVA, porque perjudican a las rentas más bajas; tampoco, el incremento salarial para los funcionarios, ni las subidas de las pensiones.
Está claro que las rentas de los pensionistas están siendo claves para el sostenimiento de las generaciones activas que han visto como sus ingresos han disminuido drásticamente, cuando no desaparecido totalmente. Pero lo cierto es que no han perdido poder adquisitivo, dado el comportamiento que han experimentado los precios durante este ejercicio y, en consecuencia, la cesta de la compra. Tampoco lo han perdido los funcionarios. Por tanto, ambos colectivos viven en una situación de clara ventaja objetiva frente a tantos otros colectivos que han visto esfumarse o deteriorarse de forma dramática sus retribuciones. No olvidemos, además, que ambos tienen garantizados por el Estado sus ingresos presentes y futuros, cosa que no tienen aquellos otros que a duras penas hoy consiguen mantenerlos. Por lo tanto, ¿tiene sentido incrementar las retribuciones de pensionistas y funcionarios un 1%?, ¿resultaría significativo en sus economías?, en este preciso momento ¿no se puede pensar otras prioridades de gasto más justificadas? El ingreso mínimo vital va a costar, en palabras del ministro de Seguridad Social unos 3.000 millones de euros. ¿Cuántas personas más podrían recibirlo si a esa partida le incrementamos los aproximadamente 2.500 millones que van a suponer los incrementos de los ingresos defuncionarios y pensionistas?
Hombre, si yo especulara en clave electoral y pensara en que estos colectivos suman 11,5 millones de votantes, igual hacía lo mismo.
