Aquel que se presentara como número once en las listas de Juntos por Cataluña, bien conocido por insultar en diversas ocasiones a los españoles a través de cualquier medio, volverá a constituirse como el estereotipo que los separatistas buscan para seguir con el discurso victimista y cargado de odio hacía el resto de España. Joaquín Torra dejó el pasado lunes su cargo al haber adquirido firmeza la sentencia judicial que lo condena por desobediencia y lo inhabilita para cualquier cargo público. Se había negado a retirar los lazos amarillos que cubrían los edificios públicos de la Generalidad en periodo electoral. Nadie lo ha condenado por su ideología. De todas maneras, el discurso independentista será claro: “El nostre president és víctima novament de la repressió de l'Estat espanyol cap a Catalunya i és inexcusable una llei d'amnistia que torni la llibertat als presos polítics”. Creo que se entiende.
Por muy mal que lo hayan hecho, aunque se sepan cómplices de la situación hoy insostenible que ha provocado el adoctrinamiento escolar, la usurpación de los medios de comunicación y el desfalco de las instituciones públicas en Cataluña, todos los ex presidentes españoles tiene derecho a los beneficios que contempla el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno firmado por Felipe González en 1992. Desde entonces, ningún ex dirigente ha renunciado a este privilegio que consiste en el cobro de una pensión de por vida de unos 80.000 euros, que nos les exige renunciar a otros ingresos que puedan percibir, por ejemplo, en ciclos de conferencias. Además, tienen derecho a dos puestos de trabajo de libre designación a su servicio, una dotación para gastos de oficina, un coche oficial con chófer, escolta, acceso gratuito a compañías de transporte terrestres, marítimos y aéreos del Estado, seguir teniendo tratamiento de "Presidente" o cuando salgan fuera de España, contar con el apoyo de los servicios de la representación diplomática española. No creo que este tratamiento provoque motivos para quejarse.
Torra fue inhabilitado por desobediencia “obstinada y contumaz” (nunca por sus ideas), pero pudo haberlo sido por cualquier otra causa. En todo caso, tendrá derecho a percibir un sueldo de 120.000 euros (cobraba más de 153.000) y una pensión vitalicia de 92.000 euros, además de disponer de una oficina propia con tres personas a su servicio, una dotación presupuestaria para gastos, un coche oficial con chófer y servicios de seguridad. Todo ello con cargo a las arcas públicas, claro.
¿Es lógico, decente, higiénico, explicable, decoroso, que tales prebendas sean conservadas para quien ha sido inhabilitado en su función de gobierno y no da muestras de ceder en su empeño de acusar a los tribunales de prevaricación y negar el carácter democrático de la Monarquía parlamentaria? Pues esto pasa y va a pasar. Felices vacaciones, Joaquín; nosotros, a buscarnos la vida.
