La primera liquidación del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (“tasa Google”), ya se ha iniciado. Entre el pasado 1 de julio y el 2 de agosto de este año las empresas que obtienen rendimientos derivados de la publicidad, intermediación y transmisión de datos en línea (principalmente grandes empresas como Google, Amazon y Facebook) tendrán que liquidar trimestralmente el nuevo modelo tributario 490, que gravará los servicios digitales que ofrecen.
Estamos hablando por tanto de empresas grandes y con importantes beneficios. Desde esta columna se ha criticado repetidas veces que las concentraciones de capital tan gigantescas como las que exhiben estas enormes compañías, acaban ocasionando distorsiones y desequilibrios en el correcto funcionamiento del mercado, por explotación abusiva de la posición dominante. Pero esto no tiene nada que ver con que haya que alinearse con las posturas que descansan sobre el machacón mantra de que subirle los impuestos a los ricos significa prosperidad y riqueza para el resto de la sociedad.
El impuesto a los ricos no es más que una pose populista de salón. El capital siempre tenderá a desplazarse hacia territorios donde no se encuentre penalizado. Por ello, una de las primeras consecuencias que conlleva, es el cambio de sede fiscal de las grandes sociedades y la pérdida de atractivo de las inversiones extranjeras, cuando de lo que se trata es precisamente de lo contrario, de incentivar la actividad y el empleo sin dañar el tejido productivo. Los impuestos a los ricos tampoco son mecanismos adecuados para luchar contra la desigualdad y además tienen un efecto recaudatorio muy reducido. Y lo que recaba cada día mayor consenso es que, de lo contrario, un sistema tributario más progresivo puede terminar incrementando la desigualdad económica.
Volviendo a Google, la multinacional ya está avisando que la tasa la van a repercutir a sus clientes. En una carta del pasado 1 de mayo, les informa que “empezaremos a incluir un recargo en tu próxima factura por los anuncios publicados en determinados países”. En España “se añadirá un recargo del 2% a tu factura correspondiente a los costes operativos regulatorios que se aplican en este país”. Por tanto, como siempre, y aunque el Ejecutivo insista hasta la saciedad que las subidas de impuestos no van a afectar a la clase media o trabajadora, la realidad es que es justamente al revés.
Por otro lado, el efecto de que España introduzca gravámenes sobre los servicios digitales que prestan compañías americanas, ya tiene respuesta por parte de Estados Unidos, que ya aprobó la imposición de una política de aranceles adicionales a los productos de importación procedentes de España. Todo ello con repercusión inmediata en los pequeños productores y el empleo de un gran número de sectores.
