En algún momento, todas las empresas han de enfrentarse a algún proceso que implique cambios. Otra cosa es que no todas los puedan asumir de igual manera, ya sea por que no cuenten con los recursos o porque carezcan de capacidades internas para enfrentarse a ellos. Este fenómeno, más común de lo que creemos, es lo que en el terreno de la gestión empresarial se denomina resistencia al cambio.
El cambio es un pasaje de una situación personal o social a otra diferente. Esa es la razón por la que las personas y organizaciones se resisten a asumirlo. Supone una modificación que implica esfuerzo e incertidumbre. Muda conceptos e inercias, implica desaprender y aprender de nuevo. Obliga a transformar conocimientos, conductas y modelos preexistentes, teniendo que asumir y ejercitar nuevos.
Pero hay resistencias al cambio que derivan de conductas mucho más perversas, porque son fruto de la mendicidad y el engaño. Y si de un político se tratara, que se resistiese al cambio a sabiendas de que, al hacerlo, actúa con arbitrariedad, injusticia o beneficio propio, estaríamos hablando de prevaricación, con el agravante de confianza, superioridad o prestigio con respecto a la víctima para cometer con éxito el hecho delictivo.
El político Pedro Sánchez y la cúpula directiva del PSOE cometen prevaricación social y administrativa al resistirse al cambio para que los jueces sean elegidos por sus iguales en lugar de por políticos, en este caso, a sabiendas del mandato constitucional y conociendo las advertencias que llegan de la Unión Europea.
La cosa es muy sencilla. Que el PP y el PSOE se dirijan a los ciudadanos y manifiesten sin vacilaciones, lo que entre dicen, medio dicen y mascullan, pero no hacen: que los jueces no deben ser elegidos por los políticos. Y ya está. Después de esas declaraciones, no podrían ya tener el cuajo de seguir metiendo sus manos en la Justicia. La falacia de decir que si el Parlamento, a través de las fuerzas políticas que lo integran, llegan a un acuerdo para nombrar a los jueces que han de juzgar a aquellos mismos que los han propuesto, y que esto les legitima a decir que son los ciudadanos quienes los han elegido, no sirve. En primer lugar, porque entonces, cualquier decisión política (subir impuestos, ex carcelar a golpistas o apoyar a terroristas) se llevaría a cabo porque así lo desean los ciudadanos. Nada más lejos. Y en segundo lugar, porque es de cajón que si la elección no corresponde a los ciudadanos ni a los jueces, los intereses se alejan de la ciudadanía y de la judicatura, para convertirse en intereses ideológicos y partidistas.
Cambio para la regeneración; es como tiene que entenderse la postura del PP para boquear la renovación del CGPJ. Pero si la actitud de bloqueo responde a que el PP persigue tener mayor cuota de poder en el órgano judicial, nada cambia.
