Un Congreso con diez señorías. ¿Se imaginan? Un diputado por cada uno de los diez partidos que en la actualidad tienen representación parlamentaria en España. Menudo ahorro. Trasladar al “Manolo” o al “Barril” el hemiciclo, porque cabrían con solo arrejuntar un par de mesas. Podría ser, perfectamente. Porque, la verdad, visto lo protagonizado por los diputados de UPN que actuaron con “dignidad y libertad” rompiendo la disciplina de voto de su partido al votar en contra de la convalidación de la reforma laboral, resulta más que evidente que no hace falta más que una sola autoridad para que el resto de los componentes del partido sigan mansamente sus consignas.
No se trata de que la democracia en España resulte más o menos defectuosa porque, o hay democracia, o no la hay. Y en España tenemos democracia. Más bien, la cuestión radica en cómo degeneran algunas instituciones democráticas en las sucias manos de quienes las pervierten.
Pablo Iglesias tiene razón cuando espeta airado contra los díscolos upeinistas “ni conciencia ni leches. La gente vota a los partidos y si va en las listas de un partido usted hace lo que dice el partido”. Claro que sí, Pablo, eso es lo que tenemos. Pero, realmente, ¿es esto lo que queremos?
La Constitución española entiende la democracia como forma de gobierno basada en el poder popular. Y este poder popular se manifiesta a través de los partidos políticos. Lo llaman democracia representativa. Pero lo que realmente nos representa no son personas, sino siglas. Por tanto ¿cuáles son las razones por las que existen seiscientos catorce senadores y diputados si no hacen más que seguir dócilmente las órdenes del guía espiritual, sin poder rechistar? ¿No bastaría con preguntarle al partido lo que hay que pensar y votar y santas pascuas?
La falacia sobre la que se sustenta el sistema de representación actual ha terminado por provocar un gran y creciente desengaño entre los ciudadanos. Mancillar el artículo 79.3: “El voto de senadores y diputados es personal e indelegable”. Las máquinas partidistas engullendo cualquier libertad de acción política y de voto de los parlamentarios, intimidados por la amenaza de la expulsión inmediata.
Lo que en realidad subyace detrás de todo esto, es la certeza de que resulta más fácil de controlar a diez personas que a seiscientos representantes libres e independientes. Por eso, nadie mueve un dedo para que sus señorías dejen de ser empleados a sueldo. Hasta entonces, cumplirán las órdenes de los partidos, sin representar en absoluto al pueblo. Sin una reforma de la ley electoral mediante la que se garantizase que cada elector se vinculase personalmente con sus representantes para que su representación guarde un sentido de proporcionalidad con la opinión del conjunto de electores, continuaremos con una democracia plena, sí, pero con unas instituciones secuestradas. Disfruten con salud de lo votado.
