Qué gran contraste entre presidentes de Estados Unidos. Parece que desde Herbert Clark Hoover (republicano, 31er presidente, entre 1929 y 1932) a Joe Biden (demócrata, 46º presidente, desde 2020) ha pasado algo más que solo tiempo. El espíritu que inspiraron las leyes anti trust y las prácticas contra los monopolios y prácticas restrictivas de la competencia que tan grande hicieron a la economía americana, se tambalean ahora por las noticias que llegan desde el gabinete del actual presidente demócrata.
El plan de Biden es que las compañías estadounidenses tengan un impuesto mínimo del 21% respecto a los beneficios de sus negocios en otros países. Esto quiere decir que si una empresa americana opera en un país en el que la fiscalidad es inferior al 21%, el fisco estadounidense le cobrará la diferencia. Así, las empresas americanas dejarían de tener el estímulo de la deslocalización empresarial al instalarse en países con menor carga fiscal. Por cierto, si alguien es tan mal pensado como yo, le adelanto que no…: si el país donde se están instaladas tiene, al contrario, una fiscalidad superior, por ejemplo España (25% sobre beneficios), no está previsto que EEUU les devuelva el diferencial del 4% (25%-21%).
Y… ¡oh, sorpresa!, a nuestro emérito presidente le ha faltado tiempo para sumarse a la iniciativa Biden y también reclama un tipo mínimo global para el impuesto de sociedades: "Hay una competencia que debe ser corregida", dijo. Toda una declaración de intenciones. Muy, muy lejos de lo que concebía el citado Herbert Clark Hoover cuando declaraba: “La competencia no es sólo la base de la protección del consumidor, sino que es además el incentivo para el progreso.”
En fin, quien debe cuidarse más de su incompetencia que de la competencia se declara defensor ¡cómo no! de extraer rentas de los que producen riqueza, allá donde se encuentren. Seguro que en su agenda está también ir a por “El Rubius”, ese youtuber que desafió al fisco español y decidió instalar su residencia en Andorra para disfrutar de un tipo máximo marginal en el IRPF del 10%, cuando en España es del 49%. Seguro que “le pone” reclamarle desde España el 39% de lo que se ahorra en el Principado.
La medida de la Secretaría del Tesoro podrá incrementar la recaudación americana de inicio. Pero dejando al margen las consideraciones éticas de la medida, doy por descontado que las multinacionales repercutirán ese coste añadido penalizando a sus proveedores, clientes y consumidores, a la vez que supondrá un violento impacto a las economías en desarrollo del planeta. Desaparecerá la única ventaja competitiva que disponían para la generación de progreso y empleo que suponía la atracción de inversión extranjera por menores impuestos y cargas regulatorias.
