Opinión

Un engaño sabe a poco

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Un engaño sabe a poco

No me explico cómo cinco versiones distintas y contradictorias sobre el affair Delcy-Ábalos no bastan para tumbar al todavía hoy ministro de transportes español. Es malo que nos engañen, pero es peor que nos engañemos; hemos de estar avispados ante el talento de quien no tiene reparos en mentir y hacernos vivir en el engaño universal.

Uno detrás de otro. La ministra María Jesús Montero, esa que suelen enviar a los debates por su insoportable y exaltada retórica, ha anunciado que no se van a pagar los 200 millones de euros que Galicia reclama por una mensualidad del IVA del 2017, ni otros 170 de otras compensaciones. En su evasiva afirma que, técnicamente, no es posible transferir la citada cantidad “porque la ley marca dos años de límite” para cumplir con este tipo de procedimientos. Siguiendo el mismo criterio, bastaría con que cualquiera logre demorar el pago de cualquier impuesto estatal para eximirse del pago del mismo. Una milonga de las buenas. 

El compromiso de España con las exigencias del marco de estabilidad común de la Unión Europea precisa del cumplimiento del plan de estabilidad presupuestaria que garantice la sostenibilidad financiera de sus administraciones públicas y fortalezca la confianza en su economía. De esta manera, deben fijarse los objetivos presupuestarios y de deuda pública a los que cada una de las Comunidades Autónomas ha de someterse. Y es que se trate del ámbito que sea, la planificación y control presupuestario es la herramienta más efectiva para la gestión de las finanzas y el control del cumplimiento de los objetivos económicos.  

No puede decirse de todas, pero Galicia es de las comunidades que en términos de presupuestarios cumple con los objetivos que le son establecidos. No sólo eso, sino que en el ejercicio 2018 consiguió superávit; a pesar que podía permitirse desfase de 400 millones, logró ingresar 104 millones de euros más de lo que se gastó, pudiendo destinarlos a inversiones sanitarias y sociales; a su vez, mantuvo su endeudamiento a raya en el 18,1% del PIB, cuando su presupuesto era del 18,5%. Galicia ha pasado de ser la cuarta comunidad más endeudada con respecto a su PIB (2008) a pasar a ser la decimotercera (2018).

Sin conocer todavía las magnitudes definitivas de 2019, sabemos que en el mes de octubre Galicia sufría un desfase en el gasto de 354 millones, fruto del incumplimiento del gobierno central, dado que las partidas que ahora se niega a pagar, formaban parte del presupuesto que aprobó el propio consejo de ministros. 

Da igual de qué manera, pero por lo civil o por lo penal, la obligación de Feijoo es reclamar lo que se le debe a Galicia, porque el que procura un engaño de esta envergadura, es porque piensa que somos idiotas.