España disputa, desde hace tiempo, una carrera contra el reloj económico, con el cronómetro detenido en el tamaño del déficit público y en los intentos, hasta ahora vanos, de recuperar la senda del crecimiento. Lo hace por exigencia de los mercados financieros internacionales, siempre temerosos de perder lo prestado. Por imperativo de la Unión Europea (UE), para desviar la atención sobre la viabilidad del euro. Y por simple sentido común. Lo hace, además, por ese orden. Y lo hace, en cualquier caso, con menor agilidad y coraje del que requiere una situación de emergencia, rara vez interpretada como tal.
En el mercado laboral tenemos, quizá, el mejor ejemplo de ese abandono. Con cuatro millones y medio de personas, en España se encuentra uno de cada diez de los 47 millones de parados que suman los 31 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Nuestro país triplica hoy en día la tasa mundial de desempleo, con un 20 por ciento de la población activa en esa situación; y multiplica por dos la europea. Ostenta, además, el récord mundial de contratación temporal. Y el continental en lo relativo al paro de larga duración. Por no hablar del paro juvenil, formado o no, que supera ya el 40 por ciento, y en 20 puntos porcentuales la media comunitaria. Anular, en este sentido, el impacto de la crisis requeriría del mercado laboral español generar 2,5 millones de empleos; la mitad de los que precisaría Estados Unidos, con una población seis veces superior. O, lo que es lo mismo, que el empleo crezca en un porcentaje cuatro veces mayor al de de la UE, o al de la propia OCDE.
Delante de un panorama como el descrito, cualquier posición parece válida, salvo no hacer nada. Sólo sea para tratar de superar un drama social de tal magnitud, cada vez más gravoso para el erario público (31.462 millones de euros en 2009). Así, la Comisión de Trabajo del Senado ha aprobado el proyecto de ley de reforma laboral. Por haber sido enmendado, deberá regresar al Congreso donde -salvo sorpresas- se aprobará de forma definitiva. Previsiblemente, tendrá lugar el próximo 9 de septiembre. De 2010. Éste es el coste del inmovilismo.