La salida de armario social y presupuestaria del presidente del Gobierno ha motivado, a lo largo de la última semana, múltiples lecturas e interpretaciones. A las que me permito sumar una más: si desde el punto de vista subjetivo y personal el grueso del ajuste comprometido en el gasto de la Administración recaerá, en general, en servidores públicos (funcionarios) y colectivos que todos consideramos débiles, tanto de la sociedad española (pensionistas y dependientes, fundamentalmente) como de países en vías de desarrollo (ayuda oficial), desde el punto de vista territorial afectará en mayor medida a un conjunto de comunidades entre las que se encuentra la nuestra.
Tenemos, en primer lugar, que en el cuadrante noroccidental del país -incluida para el caso Extremadura- funcionarios y pensionistas suponen el 29,6% de la población; porcentaje que en toda España sólo superan Asturias (con el 32,7%), Galicia (31,2%) y Castilla y León (29,7%). En el arco mediterráneo aquel contingente se aproxima al 23%, siendo del 24,1% para el conjunto del país. Por lo que ya hemos ubicado el reparto de cerca de 6.000 millones de euros, así como su diferente incidencia relativa.
En la inversión pública estatal encontramos otros 6.045 millones, con lo que se totalizaría el montante mencionado. Pese a la reciente intervención del ministro del ramo en la Comisión de Fomento del Congreso, desconocemos la pedrea territorial del recorte. Sólo sabemos que dejarán de ejecutarse (o se reprogramarán) obras previstas. Y que las actuaciones en carreteras y ferrocarriles sufrirán -en conjunto- un aplazamiento medio de doce meses. Teniendo en cuenta que la inversión pública en infraestructuras persigue corregir déficits, y que la distribución territorial de la inversión para 2010 concentraba en el cuadrante noroccidental un esfuerzo sensiblemente superior al que las Comunidades que lo integran explican en términos demográficos y de producción, todo apunta de nuevo a esta parte del país como principal perjudicada en términos relativos. Esperemos que las medidas impositivas complementarias corrijan parte de lo anterior. Aunque, visto lo que el presidente del Gobierno entiende por crisis y recuperación, podemos temblar cuando habla de clase media y de los que más tienen