El Hatillo es un hermoso pueblo de reminiscencia colonial que se encuentra al sureste del Distrito Metropolitano de Caracas (Venezuela). Entre otras zonas de esparcimiento, cuenta con un enorme centro comercial, conocido como “Paseo”, que para sí quisieran -por ubicación, afluencia, oferta y servicio- buena parte de las ciudades gallegas. A día de hoy, el billete en bolívares de curso legal de más alta denominación (100 Bs.) no alcanza para comprar, en cualquiera de sus tiendas de alimentación, una simple lata de atún “Paraguaná”, de 250 gramos: su precio actual es de 125,80 Bs. A diferencia de casi tres cuartas partes de la compra cotidiana, ese artículo es de producción nacional. Por lo que podrá, a priori, contener parte del impacto de una devaluación histórica, como la aprobada el pasado lunes, que ha licuado la capacidad de compra internacional del bolívar; entre un 77% y un 88%, atendiendo al complejo entramado de cambios oficiales vigentes en el país: lo establecido por la Cadivi (Comisión de Administración de Divisas) rige en las importaciones básicas y en sectores prioritarios, y el Sicad I (Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, en su primera versión, siendo la recién inaugurada la segunda) en sectores industriales y de comercio.
Entre los argumentos oficiales se cuenta la necesidad de combatir la cotización del dólar y el euro “paralelos”, de reactivar la exportación y de contribuir a diversificar la estructura productiva. Con independencia de que estos tres (clásicos) frentes se verán beneficiados, a nadie escapa que el Gobierno bolivariano, de ADN profundamente intervencionista, como demuestra la existencia de control de cambios desde 2003, devalúa por necesidad y no por convicción. Lejos de tratar de ajustar un sistema de precios relativos, como es el tipo de cambio, para aproximarlo a la realidad de una de las economías más inflacionarias del mundo, el objetivo pasa recaudar de manera opaca. Así, con el apoyo de la compañía pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ingresa en dólares, y del Banco Central de Venezuela, que los convierte en (cada vez más) bolívares (antes en 6,30 u 11,36 Bs., y estos días en más de 50 Bs.), la Administración, que los gasta, podrá reducir un déficit que los economistas locales sitúan en el entorno del 18% del PIB (2013). Y aumentar, al tiempo, el gasto público discrecional en un ejercicio que se está demostrando crucial para la supervivencia de la revolución bolivariana. La devaluación suma recursos para chavismo y afines a cuenta de una ciudadanía obligada a asumir una raya más en el lomo del tigre.
