El Ministerio de Agricultura ha elaborado un decálogo por el que se fijarán todas las exigencias que deberán cumplir agricultores y ganaderos para acceder legalmente a las ayudas directas que se derivan de la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común. Estas exigencias y medidas de control están pensadas prioritariamente para aplica en aquellas explotaciones cuyos titulares hayan optado por la opción de realizar solo tareas de laboreo agrícola o simple mantenimiento de los pastos, en lugar de cultivar o tener una carga ganadera. Isabel García Tejerina apunta y entiende que con esta batería de medidas ningún agricultor o ganadero que no haga nada va a cobrar las ayudas PAC. El problema para el sector agrario español es que con las exigencias comunitarias descafeinadas en la definición de activos, con la aplicación de estas medidas, los pagos serán legales, pero se corre un grave riesgo de que haya una reducción de producciones y, a la postre, un campo mucho más semi abandonado y un medio rural más deteriorado.
En 2014, Ministerio de Agricultura, los representantes de las Comunidades Autónomas, organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias acordaron la definición de agricultor o ganadero activo a efectos de sujeto prioritario de los pagos directos de la PAC, a las personas cuyos ingresos en la explotación por ayudas no superasen el 80% de los ingresos totales y que al menos el 20% restante procediera de su actividad con la venta de sus producciones. Bruselas advirtió a las autoridades españolas la ilegalidad de esa exigencia por estimar que con la misma se obligaba a producir a los agricultores o ganaderos y que ello iba contra las reglas de juego de la Organización Mundial de Comercio. En lugar de esas exigencias mínimas de ingresos por actividad productiva, Bruselas impuso que bastaba con que esos agricultores o ganaderos a quienes se les asignen derechos de base en 2015, podrán cobrar esos pagos simplemente demostrando que tienen las tierras en buen estado, aunque no cultiven, en el caso de la agricultura, y manteniendo igualmente de forma adecuada los pastos aunque no tengan en el futuro carga ganadera. Si un beneficiario tiene prados, pero en el pasado no tuvo una carga ganadera sobre la que asignar derechos, no podría acceder a las ayudas, aunque tuviera los prados como una patena.
Los techos presupuestarios en los fondos de la Política Agrícola Común para España en 2015 ascienden a casi 5.000 millones de euros de los que 2.809 corresponden al nuevo pago base, 1.452 a pagos por el cumplimiento de las medidas del greening o política verde, 96 para el pago a los agricultores jóvenes y otros 585 millones que se han asignado para ayudas asociadas en diferentes sectores más necesitados como el vacuno de leche, vacuno de engorde, vaca nodriza, leguminosas, proteaginosas o el ovino.
En el caso de los pagos por la política verde, la normativa deja muy claras las condiciones que deben cumplir los agricultores o ganaderos para cobrar esos fondos con la rotación de dos cultivos cuando la explotación tenga entre 10 y 30 hectáreas y de tres cultivos cuando superes esa cifra, así como el abandono de un 5% de la superficie como medida medioambiental para explotaciones con más de 15 hectáreas. En consecuencia, queda clara la necesidad de producir para cobrar las ayudas. Sucede lo mismo para el cobro de las ayudas asociadas que obviamente van ligadas a la siembras de unos productos o a disponer de un censo de animales. Sin embargo, en el caso del pago base directo, a raíz de las nuevas exigencias comunitarias y la posibilidad de acceder a los pagos solamente manteniendo adecuadamente las superficies, algunas organizaciones agrarias expresaron sus temores a que con esas nuevas exigencias mínimas, frente a la figura de los activos o profesionales como destinatarios prioritarios de los fondos, supusieran una puerta abierta para que muchos pagos fueran a manos absentista o cazaprimas, al margen del tamaño de su explotación. A Isabel García Tejerina no le gustó que desde el sector se lanzara esa voz de alarma sobre posibles situaciones de fraude por considerar que ello podría dar la imagen de un campo lleno de irregularidades, de que se cobra por no hacer nada y que no existen sistemas de control. Frente a esa situación, la ministra, aunque reconoce el cambio que han supuesto las menores exigencias impuestas por Bruselas, ha recalcado que nadie en el campo va a recibir ayudas por no hacer nada.
Y, para lograr ese objetivo, junto a los actuales mecanismos en vigor para controlar la actividad agraria y que los pagos se hagan de forma legal, el Ministerio ha diseñado una batería de medidas donde, junto a las ya existentes, se suman otras pensadas específicamente para asegurar que hay una política de mantenimiento real para demostrar una actividad. Estas exigencias y controles se aplicarán especialmente sobre las explotaciones que opten por la via de mantener el territorio en lugar de producir.
En esa línea, siguiendo las exigencias comunitarias, se va elaborar una lista negativa de personas jurídicas que no podrán recibir ayudas, como campos de golf, terrenos de aeropuertos, de inmobiliarias, salvo que demuestren que las ayudas suponen, al menos, el 5% de sus ingresos no agrarios, o que los pagos signifiquen el 20% de los ingresos totales agrarios. Esos agricultores o ganaderos deberán afrontar el riesgo empresarial, en otras palabras, asumir y justificar costes de la actividad, así como ingresos en cuanto responsable de la misma. No habrá asignación de derechos de pago básico en 2015 sobre superficies de pasto que no tengan carga ganadera. Se exigirá que todas las explotaciones se hallen registradas. Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria definirá lo que es laboreo cuando no se opte por cultivar, así como la definición de lo que son actividades de desbroce o siega en los casos de pastoreo cuando no haya cargas ganaderas. También se va definir lo que es una tierra abandonada. Se considerará una explotación de riesgo de fraude en la percepción de las ayudas a vigilar intensamente cuando se declare tres o más año de barbecho o que una superficie se declare como pastos, sin pastoreo. En todo caso, se vigilará muy de cerca la veracidad de las peticiones de ayuda.
LA SINRAZÓN
Había sido un paso positivo el acuerdo suscrito entre Agricultura, comunidades autónomas y el sector por el que, para cobrar el pago base PAC fuera necesario el desarrollo de una actividad productiva, aunque la misma solo supusiera el 20% de los ingresos de la explotación. Está bien el intento de Agricultura para vigilar y aplicar mayores exigencias de control a las explotaciones que en el futuro opten solo por mantener en buen estado las tierras de cultivo o pastos, sin necesidad de producir.
Oficialmente se trata de una decisión, de una imposición comunitaria que aunque no guste, aunque vaya contra toda razón e intereses del propio sector agrario y del mundo rural, es preciso acatar y que afectará muy negativamente a España dada la diversidad de su agricultura
Pero, habría que preguntarse si Bruselas habría actuado de la misma manera acogiéndose a las exigencias de la Organización Mundial de Comercio, a las que nadie hace caso, si esa decisión afectara negativamente a la actividad productiva de los sectores agrarios de otros países como Francia a Alemania.
El sector agrario, está para producir y cobrar ayudas solo se justifica produciendo.
