El sector de los cereales se halla a las puertas de una nueva campaña con luces y sombras donde van a jugar tres factores en el resultado de la renta para los agricultores: la producción, los precios esperados y otro nuevo, la posibilidad de que las operaciones de compraventa en este mercado, en manos de almacenistas, fabricantes de piensos o de harinas pasen a tener que cumplir las exigencias que implica la aplicación de la ley de la cadena alimentaria donde es obligada la firma de un contrato entre las partes, como sucede en el resto de los sectores. La ley contempla la imposibilidad de hacer una operación de compraventa sin contrato y sin un precio, ya sea el mismo fijo, variable o mixto, algo que hoy se hace con más de 16.000 ganaderos de leche, pero que no es habitual en el mercado de los cereales donde hay más de 400.000 pequeños vendedores. Con la aplicación de esta norma, en vigor desde hace dos años, se debería acabar la política seguida por cientos de almacenistas que reciben sin precio ni contrato el cereal de los agricultores y que lo liquidan meses más tarde prácticamente según les haya ido el negocio.
En materia de producciones se maneja un volumen de cosecha que podría estar entre los 22,5 y los 23,5 millones de toneladas, dadas las buenas condiciones del cultivo en la casi totalidad de las zonas tras superar un otoño complicado por falta de agua que posteriormente se ha ido recuperando con la llegada de las lluvias. La media de las cosechas en los últimos años se sitúa en unos 21 millones de toneladas. Aunque la cosecha no está segura hasta que la misma no se halla en el granero y la renta no es firme hasta no ver el comportamiento de los precios, la realidad es que se puede hablar de buenas perspectivas solamente en lo que afecta a las producciones. En el tema de los precios, la cosa, hasta la fecha es diferente, a pesar de algunos ligeros repuntes habidos en semanas precedentes y la subida de las cotizaciones de la soja. Para los cereales, los precios a futuro se presentan con unas cifras de unos 160 euros tonelada para las cebadas, 168 para los trigos blandos los 170 euros para el maíz en origen en almacén de productor. Unas cifras hasta un 40% más bajas que hace ahora tres campaña cuando llegaron a los 250 y 270 euros. La razón se halla en las buenas cosechas en el exterior y a una caída de la demanda.
Al margen de los resultados en lo que afecta al volumen de la cosecha y a los precios a percibir por los agricultores, tras muchas sesiones de trabajo, al final, las organizaciones del sector en el seno de la Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados han elaborado un modelo base de contrato para suscribir entre los productores y los compradores de esta materia prima. El modelo de contrato contempla los aspectos más básicos como el tipo de mercancía con la que se opera, origen características de la cantidad comprometida con un margen del 2% por parte del vendedor, precio, incrementos mensuales, portes, formas de pago, lugar de entrega de la mercancía u otras consideraciones como retrasos en la entrega, cambios de calidades o sistemas de arbitraje en caso de diferencias.
Desde UPA se considera que se trata de un primer paso de cara a regularizar una situación en el sector del mercado de los cereales donde en la actualidad apenas si se realizan contratos entre las partes, donde los agricultores entregan en muchos casos sus cereales a los almacenistas sin precios ni otras condiciones y a quienes se les liquida prácticamente a resultas.
La firma de contratos entre las partes es una exigencia que afecta a todo tipo de operaciones comerciales y de productos en el conjunto de la cadena alimentaria, de acuerdo con le Ley aprobada ya en 2013 y aplicada desde 2014. Para la aplicación de esa disposición se constituyó la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria. En primera fase, las prioridades de la misma a la hora de analizar el grado de cumplimiento de las políticas de contratos y de plazos de pago, se desarrollaron especialmente en los sectores de la leche y las frutas y hortalizas para luego irse ampliando a otros sectores como el aceite. En la campaña pasada, a instancia de las organizaciones agrarias, la Agencia se volcó en vigilar el cumplimiento de los contratos y los plazos de pago en el sector del vino, desde el campo a las bodegas donde la tradición de los contratos también era inexistente y se tuvieron que clarificar cuestiones tan básicas desde la definición de la fecha de entrega de la uva hasta la si la misma se debía considerar como un producto perecedero a efectos de pago o como producto de larga duración. A las puertas de la campaña cerealista, la tendrá a este mercado como uno de sus objetivos de control.
Se trata de uno de los sectores importantes que hasta la fecha había quedado prácticamente al margen de las prioridades de seguimiento de la Agencia, a pesar de los cientos de miles de pequeños agricultores afectados con unos mercados plagado de operadores. Como en el caso vino, frente a las exigencias de la normativa en vigor, dominan las operaciones sin contratos ni plazos de liquidación, donde prácticamente los operadores actúan a resultas fijando los precios en función de sus ventas. Todo ello supone que, con la ley de la cadena en la mano, prácticamente se debe partir de cero en la aplicación de la misma. Desde la parte de los operados, la política de contratos es una vía no utilizada o empleada bajo mínimos. Desde la perspectiva de los cerealistas, en la mayor parte de los casos, pequeños productores, los problemas a los que se enfrentan a la hora de hacer un contrato, además de su minifundismo, su dependencia de los operadores comarcales, es su falta de información sobre los mercados cuando acude a la venta de su cosecha preguntando a cómo está el precio. Se trata de una carencia de información total a pie de campo que dominan los operadores y que no se proporciona en tiempo y forma por parte de las administraciones como un servicio al sector. Las informaciones públicas que se ofrecen sobre precios y mercados son viejas y llegan además con de retraso al campo. Con la exigencia de los contratos, los operadores seguirán teniendo la sartén por el mango, algo en lo que el cerealista también tiene su culpa por su bajo interés para organizarse.
