Sería importante que la Administración vigilara el recorrido desde que un medio de producción sale de una industria hasta que lo paga el agricultor.
Los gastos en medios de producción constituyen uno de los mayores dolores de cabeza para el conjunto del sector agrario. Se trata de un problema general que se ha agravado en la última campaña ante la subida experimentada en los precios de los mismos, mientras bajaban la mayor parte de las cotizaciones de los productos agrarios con el resultado de caídas generalizadas de rentas, riesgo de reducir el uso o la calidad de los medios de producción y, a la postre, también la productividad de las explotaciones.
Según los datos oficiales, sobre un valor de la producción Final Agraria en 2014 de algo más de 42.000 millones de euros, los gastos en medios de producción ascendieron en el mismo periodo a 20.600 millones de euros, lo que supone prácticamente la mitad de los ingresos. De esos gastos, la mitad corresponden a los piensos con destino fundamentalmente a las explotaciones ganaderas intensivas. De los otros 10.000 millones, la mitad corresponden solamente a las semillas, la energía y los fertilizantes. Consecuencia de la bajada de los precios de las materias primas para la alimentación animal, los ganaderos han sufrido un respiro, pero a costa de los cerealistas, con dificultades por los bajos precios para cubrir sus costes de producción. En la década anterior los costes de producción llegaron a suponer solo algo más del 30% del valor de la producción Final Agraria. Ello significa que, año tras año los gastos para producir más se han ido comiendo los posibles beneficios.
En los últimos meses, el sector agrario ha sido escenario de una reducción de los precios del gasóleo consecuencia de una caída de las cotizaciones del petróleo. No ha sucedido lo mismo con los fertilizantes donde se ha registrado una subida discreta, cuando la opinión generalizada es que al menos, bajarían aquellos donde se utiliza el gas como elemento básico para su fabricación. Frente a los argumentos de las industrias, el sector no entiende que las compañías gasistas hagan ofertas a precios bajos a consumidores de tipo pequeño y mediano y no a las grandes industrias.
En la energía eléctrica ya se ha demostrado que las empresas mandan en el Ministerio de Industria por lo que en la batalla de las demandas de los regantes, Agricultura tuvo que pedir y lograr una ayuda de Hacienda para rebajar el impuesto y asignar una reducción en los módulos a efectos de la renta ante la imposibilidad de lograr la aplicación de un contrato de temporada donde el regante pague solamente el término potencia en los meses de riego y no todo el año.
En el caso de las semillas certificadas o de calidad, al sector agrario le cuesta asumir sus elevados precios porque, en muchos casos, además duda de su eficiencia productiva, al margen de su malestar por los controles a que se ha visto sometido en los últimos años por parte de las autoridades persiguiendo el fraude por no pagar los derechos al obtentor.
Una de las actuaciones más importante en política agraria y agroalimentaria de esta legislatura y concretamente con Isabel García Tejerina al frente del departamento de Atocha, ha sido la aprobación y la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, aunque falta aún el desarrollo de nuevas medidas para que la misma tenga un mayor efecto en defensa de los intereses de agricultores e industriales frente a los grandes grupos de la distribución.
La Ley de la Cadena tiene como principal objetivo lograr una mayor transparencia y un mayor equilibrio entre todos los intereses económicos que confluyen en un producto desde que sale del campo hasta que el mismo llega al consumidor, para detectar y corregir los posibles desajustes que haya en la misma. Se trata de una disposición importante por lo que puede suponer de mejora de precios y, a la postre, en las rentas de la producción. Esta Ley, por lo visto y actuado hasta la fecha, no ha servido para erradicar las prácticas abusivas de la gran distribución, ni para poner freno a los precios de oferta o a pérdidas cuya persecución depende de la ley de Comercio cuyas competencias se hallan en manos de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, sí ha servido, hasta la fecha, para que la industria alimentaria que, en líneas generales nunca había hecho contratos con sus proveedores en el sector agrario, haya comenzado a suscribir los mismos especificando las condiciones de pago y los precios so riesgo de una elevada sanción. Hasta la entrada en vigor de esta Ley, miles de empresas alimentarias se financiaban simplemente pagando tarde a los agricultores y ganaderos, frente a la obligación de hacerlo a los 30 días, bodegas incluídas que siguen en su empeño de pagar a los 60 días por considerar que el vino es un producto elaborado y no fresco como sería la uva. Una circunstancia que igualmente se podía plantear en la industria de la carne y los jamones o las de la leche que pagan a mes vencido, mientras los quesos tras meses de maduración es un producto elaborado.
Hoy, con la Ley en la mano, se han dado pasos adelante para hacer los pagos a tiempo, a que se cumplan los plazos y ha obligado a las industrias a buscar financiación en las entidades financieras o a tirar de sus propios recursos.
Con esa importante Ley en la calle, la Administración agraria tiene sin embargo pendiente el desarrollo de una actuación similar en toda la cadena que va desde que los medios de producción empleados por el sector agrario salen de las industrias de fertilizantes, semillas, fábricas de piensos o de maquinaria, hasta que los mismos llegan a la explotación. Si hay una Ley de la Cadena Alimentaria para el control de un producto desde que sale del campo hasta que el mismo llega al consumidor, se considera que también tendría sentido algún tipo de disposición, un marco para el seguimiento de la formación de esos precios de los medios de producción
En una economía libre de mercado, no tiene cabida la interferencia de ninguna Administración a la hora de fijar o de recomendar precios. Sin embargo hay un amplio margen de recorrido con el objetivo de lograr una mayor transparencia en el recorrido de toda esa cadena de intermediarios por la que pasan los productos con el fin de detectar al menos dónde y quiénes son esos eslabones que elevan sus márgenes de forma abusiva y si ese comportamiento responde a una posición de monopolio u oligopolio en una zona, a pactos de grupos para fijar un precio o servirse de una posición dominante.
Existe poca transparencia en esa cadena donde se forman los precios de los medios de producción y, sin embargo, es en ella donde el sector se juega cada campaña una parte muy importante de su renta, tan importante o más que la propias producciones y los precios.
