El pasado 15 de julio finalizó el plazo abierto por la Administración española para la presentación en cada una de las Comunidades Autónomas las solicitudes de ayuda para percibir el pago básico de acuerdo con las directrices marcadas por la reforma de la Política Agrícola. Al tratarse del primer año de su aplicación, Agricultura optó por retrasar ese periodo un mes frente a la política anterior que fijaba ese plazo al 15 de mayo, aunque se daba la posibilidad de introducir cambios en la petición con posterioridad. En medios oficiales se barajaba la posibilidad de que se produjeran cambios, fundamentalmente que se redujera el número de peticiones a la vista de las nuevas exigencias contempladas en la reforma para acceder a la los pagos. Frente a esas expectativas, la realidad es que ha mandado la estabilidad, por lo que se entiende que la Política Agrícola Común habría entrado ya en una especie de velocidad de crucero en cuanto al número de solicitantes hasta el año 2020.
Las solicitudes de ayuda para los pagos PAC en España han superado históricamente las 900.000. En la campaña 2014/15, según los datos manejados por el Fondo Español de Garantía Agraria, el número de pecticiones ascendió a poco más de 880.000. Esta campaña, con la entrada en vigor de la reforma, las estimaciones oficiales manejan solamente la posibilidad de un ajuste muy reducido que podía no llegar al 5%.
La reforma de la Política Agrícola Común contempla dos nuevas exigencias para acceder a las ayudas comunitarias y cuya aplicación ha dado lugar a una reducción de peticiones, pero muy por debajo de lo esperado.
Una primera era la definición de activo como único destinatario de las ayudas y, en consecuencia, la exclusión de todos aquellos que no cumplieran con esos mínimos, contemplaba la exigencia de los ingresos agrarios, al menos el 20% procediera de ventas en los mercados. Esa primera definición negociada y acordada entre el sector, Agricultura y las Comunidades Autónomas, fue modificada por el Ministerio de Agricultura rebajando esas condiciones y prácticamente dando por válido como agricultor activo a quien se limitara a mantener la tierra en buen estado, aunque no la cultivara. Esta modificación ha sido denunciada recientemente por el portavoz socialista de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, para quien, el cambio de la definición haciendo la misma menos exigente, fue solo cosa de Agricultura para beneficiar a determinados colectivos y no algo impuesto por Bruselas. Agricultura justificó la modificación por ser algo impuesto desde la Unión Europea desde la Organización Mundial de Comercio por considerar que Bruselas no podía obligar a nadie a producir.
El temor a perder el acceso a las ayudas PAC por las exigencias de agricultor activo, dio lugar ya en la campaña anterior a que más de 30.000 peticionarios renunciaran a hacer ellos la solicitud de ayudas y optaran por la venta, cesión o arrendamiento de sus derechos a otras personas. Frente a una media de transferencias de los derechos de pago en las campañas anteriores de unas 40.000 operaciones, en la campaña anterior, ese número de operaciones se elevó a más de 90.000 por valor de unos 300 millones de euros, parte de las cuales deberán hacer frente al pago del IVA una vez llegaron a un acuerdo los Ministerio de Agricultura y de Hacienda sobre el tipo de transmisión de derechos sujeto o no al pago de ese impuesto. En resumen, se puede decir que pagan IVA solamente las operaciones de venta, cesión o arrendamiento de derechos de papel que no conlleven la inclusión real de tierras.
Una segunda exigencia de la reforma es la imposibilidad de solicitar ayudas por parte de peticionarios con pagos por debajo de los 100 euros la campaña actual, de 200 euros la campaña 2016 y de 300 euros en el año 2017, para lo que Bruselas hacía un llamamiento a los pequeños perceptores a unirse y plantear solicitudes de una forma conjunta.
Uno de los objetivos de la Administración española en materia de pagos de ayudas era lograr que las solicitudes se fueran reduciendo de una forma importante en los últimos años para agilizar las tareas administrativas y lograr una mayor agilidad en las tramitaciones, tanto en las Comunidades Autónomas como en la propia Administración central. El espejo donde se miraba la Administración española era Francia, donde el número de solicitudes no llega a la mitad.
No ha sido así. En vigor esa nueva definición de los activos y el programa parar ir eliminando a los pequeños perceptores, la realidad es que apenas si ha descendido el número peticionarios y que, en el futuro, habrá que seguir hablando de cerca de 900.000.Del total de los beneficiarios, 218.000 no llegan a los 500 euros, unos 400.000 se hallan por debajo de los 1.250 euros y son 500.000 los que no llegan a los 2.000 euros. A la vista de lo sucedido en la campaña anterior y muy especialmente en la actual, desde la Administración se entiende que la aplicación de PAC con la nueva reforma en marcha en sus aspectos más importantes, ya se halla funcionando a velocidad de crucero y que lo sucedido este año va a ser lo que ocurra en el futuro.
De cara a su ejecución esta campaña, aunque el plazo para la presentación de solicitudes se retrasó este año al 15 de junio, no se espera que haya problemas para el cumplimiento del calendario previsto para la comunicación de los derechos de pago básico, así como la realización de los mismos, incluida la parte importante que corresponde al pago verde o greening, para el cual es necesario hacer antes los correspondientes controles para comprobar si se han cumplido las exigencias en materia de rotación de cultivos de abandono de superficies.
En relación con este pago, en medios de la Administración se barajaban dos planteamientos. Uno abonar en el primer pago o en el adelanto, a partir del 15de octubre, solamente el importe correspondiente al pago desacoplado y dejar el resto pendiente del control sobre el cumplimiento de la política verde. Frente a esa posición, se ha impuesto la más política. Abonar en el primer pago, en octubre, el 50% de todo lo que le corresponda a cada beneficiario, dando por hecho que ha cumplido las exigencias de la política verde y, en todo caso, en el segundo pago, ajustar esa cantidad en función de esos cumplimientos. No se puede olvidar que, en esas fechas de otoño se celebrarán elecciones y el sería muy negativo que, quien esperaba recibir una determinada cantidad de fondos, percibiera solamente una parte de los mismos.
Para la comunicación de los derechos de pago básico definitivos, la Administración tiene un plazo máximo hasta el mes de abril de 2016, aunque el objetivo es que la misma se haga con anterioridad.
