El sector de la leche ha sido noticia en las últimas semanas especialmente por dos cuestiones que afectan, tanto a los bolsillos de las industrias, como a los intereses de los ganaderos. Una, la multa de 88,2 millones de euros a las industrias más importantes que operan en el país por pactos de precios e intercambio de información sobre los mercados. Dos, la aplicación finalmente del paquete lácteo al que se ha visto forzada a aplicar el Ministerio de Agricultura ante la falta de compromisos de las industrias hacia los productores en materia de contratos. Ambas actuaciones han coincidido en el tiempo, pero sin que las mismas estuvieran programadas. La multa afecta a las acciones cometidas desde el año 2000 al 2013 y ya se esperaba que se hiciera pública para estas fechas. La decisión de Agricultura de aplicar nuevas exigencias a los industriales en relación con los contratos a suscribir con los ganaderos es algo que se llevaba negociando hace un año con la resistencia de las empresas que no aceptaban la firma de contratos con una duración de un año.
En relación con la multa impuesta por Competencia a nueve industrias y a dos asociaciones, la realidad es que no es la primera que se impone a las empresas lácteas por pactar precios u otras actuaciones al margen de la ley, como compra de leche negra, leche comprimida con precios irreales, impagos de IVAs, viajes de maletines en metálico como pago de comisiones que los transportaba la familia Mederiz, el Churtal, ahora como único implicado de aquel escándalo, cuando, como intermediario repartió millones entre directivos de algunas de las empresas lácteas importantes del país.
Se trata de una multa más que justa, que viene a hacer justicia aunque, a la postre, parece no ha gustado plenamente a nadie.
La ministra, Isabel García Tejerina mostró su preocupación sobre el riesgo de que esa sanción no la puedan asumir algunas empresas, dada que su situación financiera no es la más boyante. Desde la propia organización denunciante, Unions Agrarias-Upa, la sentencia de Competencia se ve como una nueva ocasión perdida por parte de ese organismo de Economía para afrontar el problema que supone la presión a la baja de los precios impuesta por la gran distribución, tanto para agricultores como para ganaderos como el último eslabón de la cadena. Desde la perspectiva de los propios ganaderos, la multa a pagar por los industriales no deja de verse igualmente como un nuevo peligro y el temor a que la misma la vayan a pagar ellos con otras bajadas de precios sin que haya pacto previo entre las empresas.
Si se tiene en cuenta el valor de las compras de leche realizadas a los ganaderos desde 2000 a 2013, a razón de unos 2.000 euros año, ello supone más de 20.000 millones de euros, por lo que una rebaja pactada en los precios medios del 5% ya arrojaría un volumen de reducción de costes de unos 1.000 millones de euros. En consecuencia, no se puede hablar de una sanción muy elevada. Otra cosa y en ello es donde no ha entrado la sentencia de Competencia-Economía, es para qué sirvieron los pactos sobre rebajas de los precios y dónde han ido a parar esos millones.
Sin quitar su responsabilidad a las industrias por una actuación ilegal contra el sector ganadero, la realidad es que los ahorros logrados por las empresas con ese robo a los productores, se fueron destinaron en su mayor parte para bajar los precios de venta de la leche a la gran distribución y así poder competir con las importaciones o simplemente para dar el gusto esa gran distribución en su objetivo de disponer de un producto de oferta para atraer al consumidor. Competencia, además de juzgar y condenar a las industrias lácteas, no ha entrado en el fondo del problema que no es otro que unas importaciones leche y de productos derivados a bajos precios y de unos pocos grandes grupos de la distribución imponiendo precios sin tener en cuenta los costes de producción.
Sin haber solventado ese problema, en el futuro probablemente no habrá más multas a las industrias por pactos de precios y ya se cuidarán mucho para no dejar rastro, si los hubiera. Pero, a efectos de los ganaderos, la distribución y los industriales seguirán presionando con los precios a la baja… hasta acabar con los ganaderos. Agricultura se ha tomado en serio el problema que supone esa gran distribución y trata de lograr pactos de buena voluntad en esa dirección, pero en Economía se alaba la política de los grandes grupos de la distribución, solo pensando a corto, por su efecto sobre el IPC.
No hay un equilibrio entre el poder de la gran distribución y las industrias. Tampoco lo hay entre las industrias y los ganaderos, tradicionalmente un sector minifundista y que además tiene que jugar con un producto perecedero que no puede almacenar indefinidamente. En los últimos dos años, en función de normativas comunitarias y nacionales, los industriales tenían la obligación de suscribir contratos con los ganaderos donde figurasen las condiciones de compra. Sobre el papel, el funcionamiento ha sido solamente discreto consecuencia del desequilibrio de poder existente entre industriales y ganaderos, con un claro predominio de contratos a entre tres y seis meses y con los precios impuestos por las empresas.
El denominado paquete lácteo, una nueva disposición en vigor desde el pasado uno de marzo, pretende ser un paso delante de apoyo al sector al exigir contratos con una duración mínima de un año, manteniendo la posibilidad de precios fijos o variables en función de una serie de índices, exigiendo el conocimiento una propuesta de contrato dos meses antes de que finalice el que se halle en vigor y exigiendo igualmente que este nuevo contrato se firme antes de la terminación del sistema de cuotas, el próximo uno de abril. Por muchas exigencias que figuren en un real decreto, la realidad es que para el correcto funcionamiento de las relaciones entre industriales y ganaderos es indispensable el desarrollo efectivo de las organizaciones de productores, ocho sobre el papel, con más de 2,3 millones de toneladas de producción y unos 7.000 ganaderos. Y, por lo visto hasta la fecha, queda un largo trecho para que esas organizaciones logren esa posición de fuerza que de un equilibrio al sector frente a las posiciones de los industriales.
