Las negociaciones para la próxima reforma de la Política Agrícola Común, el equilibrio en los intereses de la cadena alimentaria, el relevo generacional y en mantenimiento del medio rural, la correcta cobertura de los riesgos en el campo, el uso eficiente del agua y el coste de la energía, constituyen algunas de las cuestiones más importantes que estarán sobe la mesa en este nuevo año y cuya respuestas serán claves para el sector.
Con la sequía que no se acaba de despedir de la península, el sector agrario se enfrenta a los riesgos derivados de la falta de agua para las siembras en secanos y por el riesgo de falta de recursos suficientes en el futuro para las superficies de regadío. Un año malo de sequía supone un problema grave para cualquier explotación a la vista de cómo están los costes en medios de producción, aunque oficialmente diga la Administración que han bajado los fertilizantes. Pero, dos años seguidos constituirían un grave problema que dejaría fuera de juego a docenas de miles de explotaciones ya en riesgo de abandono y provocaría el rechazo a nuevas incorporaciones. La falta de agua en el último año, ha tenido quizás como único dato positivo, el que por fin se haya abierto un debate sobre su uso y eficiencia, sobre la viabilidad de cultivos donde el coste real de un agua escasa superaría el precio del producto o sobre la posibilidad de que, en función de esas disponibilidades y el cambio climático, se produzca una fuerte deslocalización de producciones.
La PAC, cuyos fondos como ayudas directas son claves para la rentabilidad de algunas producciones, va a constituir, sin duda, uno de los ejes de la actualidad agraria una vez se hayan conocido las disponibilidades presupuestarias en el primer semestre del año. Hasta la fecha, las sensaciones no son positivas a la vista de la posibilidad de un recorte de fondos si no hay aportaciones más elevadas por los países miembros por encima de ese 1% de su Producto Interior Bruto que pagan en la actualidad. Bruselas, en un primer documento-sondeo de orientación, se ha cuidado en no tener una posición clara en cuestiones tan claves como la cofinanciación y la posibilidad de dar más competencias cada país, lo que supondría el inicio de fin de la PAC. España tiene una posición muy clara en contra de una cofinanciación estatal y reclama la aportación de más fondos, aunque para ello el gobierno español debería comenzar por practicarlo en su misma casa.
Este 2018 debería ser, además, el año cuando se pusiera por fin orden en la cadena alimentaria. Agricultura hace bien su trabajo para el control de los plazos de pago y la existencia de contratos. Sin embargo, desde otros departamentos económicos y en las propias comunidades autónomas, no se ejercen adecuadamente sus competencias en materia de lucha contra las ofertas abusivas de precios bajos y contra la venta a pérdidas que repercute en menos precios en el campo, además de desprestigiar productos de calidad. El Congreso de los Diputados, en base a una Proposición no de Ley, envió un aviso al gobierno para que elabore una nueva disposición por la que se luche para erradicar la venta a pérdidas en contra de las posiciones de los hombres de Economía para quienes se trata de una práctica que beneficia a los consumidores, sin tener en cuenta sus efectos negativos en la industria alimentaria y el sector agrario.
Para el campo es muy importante rebajar el coste de la energía, especialmente para los cultivos de riego, donde su peso llega a suponer hasta un 40% el coste de producción. Las eléctricas pudieron en su día con la demandas de Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno y parece no han rebajado su poder.
El sector agrario es históricamente una actividad sometida a los máximos riesgos climatológicos. En este momento, con el cambio climático, esos riesgos se han incrementado, razón por la cual, disponer de unos buenos seguros donde las ofertas de cobertura y el precio de las primas respondan a las demandas y posibilidades de los asegurados debe ser algo prioritario. España fue pionera en el seguro agrario hace 39 años y se mantiene como referencia en el seno comunitario. Pero, en los últimos años, la reducción de las ayudas públicas para rebajar el coste de las primas de casi 300 a 211 millones en Agricultura y de 120 a 40 millones por las comunidades autónomas, este año elevados a 80, supone un riesgo para la actividad aseguradora.
Entrando en sectores y producciones concretas, el sector teme que los programas de saneamiento ganadero de las comunidades autónomas, sigan siendo programas de desmantelamientos ganaderos, que se expanda la Xylella y que destruya los cultivos leñosos, que la eliminación de las cuotas y los altos costes del agua y de la energía acaben cerrando las explotaciones de remolacha, que la leche siga sin levantar cabeza a pesar de la mejora habida en 2017.
El Ministerio de Agricultura se ha tomado medio en serio el problema del relevo generacional, en este momento apoyado por ese 2% de los fondos comunitarios de la PAC y con ese techo de los 70.000 euros de ayuda por solicitud. Entre los años 2007y 2013 el número de incorporaciones fue de 13.113 con ayudas por un montante de 386 millones de euros y para el periodo de 2014 a 2020 el presupuesto es de 724 millones para incorporar hasta 20.000 jóvenes.
Sin embargo, la realidad es que, a la hora de las incorporaciones, hay una letra pequeña que no coincide con ese interés oficiala por el relevo generacional, provocando duras críticas desde el sector sobre retrasos en los pagos y por el hecho, entre otras cosas, que las ayudas sean consideradas por Economía como subvenciones corrientes que obligan al joven a pagar el IRPF correspondiente en el momento de la concesión y antes de cobrar los fondos. Igualmente, no se entiende que se habla de apoyo y que luego se aplique un peaje del 20% a la hora de adquirir derechos de pago. Agricultura tiene en marcha el llamado “ Paquete Joven” con 40 medidas encaminadas a mejorar las actuales y a incorporar otras nuevas.
El fracaso hasta la fecha en el relevo generacional se concreta en el hecho de que, con datos de 2016, de los 750.000 peticionarios de ayudas directas de la PAC, el 38,78% tiene más de 65 años que solo el 0,55% tiene menos de 25 años y un 8,17% se halla entre los 25 y los 40 años, por lo que, los considerados oficialmente jóvenes no llegan al 9%.
En apoyo al sector agrario, pero también en beneficio de toda la sociedad, en 2018 el gobierno y las comunidades autónomas se deberían tomar más en serio el despoblamiento rural para evitar que el 80% del territorio sea mañana un camposanto del que lamentarse, solo generador de fotos para la melancolía. Es obvio que, en determinadas zonas, cientos de pequeños núcleos urbanos con media docena de vecinos, tienen cortado el futuro. Pero, hay otros cientos de pueblos viables, que corren el mismo camino, si para esos territorios no se articulan medidas de apoyo económicas claras, fiscales, que disfrutan hoy otros territorios como Canarias, ayudas al empleo, etc para la implantación de industrias alimentarias o de servicios para fijar población.
