Hay solo dos resultados que se pueden dar en la votación del Congreso: o prospera la moción de censura porque votan a su favor 176 o más diputados, o Rajoy logra in extremis convencer al PNV para que no conceda finalmente el Sí a un gobierno encabezado por el PSOE. Claro que esta columna la he de escribir un día anterior a aquél de su publicación; por eso desconozco en este mismísimo instante el resultado, y solo puedo hacerme eco de los rumores (muy fundados) que hablan de que el PNV apoyará la moción y Pedro Sánchez será investido presidente. Rumores que han recorrido la bancada de PP en el Congreso como una turbonada, aireando gestos destemplados y rictus de preocupación. No cogió sin embargo por la tarde esa tormenta a Rajoy, que se ausentó del hemiciclo pese a que estábamos asistiendo al debate más importante de la legislatura y a la cuarta moción de censura en los casi 40 años transcurridos desde que se aprobó la Constitución Española (las otras tres fueron presentadas por Felipe González, Hernández Mancha, y recientemente por Pablo Iglesias); por qué será que ya no sorprende esta actitud esquiva de Rajoy. En la batalla fundamental el general abandona el campo de batalla, como si aquella guerra no fuese la suya, como si las balas que se disparan (los votos que se anuncian) no fueran dirigidas a su tropa. Y sus edecanes en el resto de sillones azules se miran y se preguntan qué será de ellos a partir de ese momento.
Decía que, de prosperar la moción de censura, será presidente Pedro Sánchez. Algunos ya se apresuraron a hablar de «secuestro de la voluntad popular» por parte de quien no obtuvo la victoria en las urnas, desconociendo —o despreciando— el dato irrefutable de que, según nuestra sacrosanta Constitución (que se saca a pasear o se guarda en la recámara por algunos según soplen los vientos), son los diputados y no la ciudadanía los que eligen al presidente, al consagrar que si «el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente», y al revés, es el Congreso de los diputados el que «puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura». Y si ello es así, si son los representantes de los ciudadanos, y solo ellos, los que eligen al presidente de la nación, y éste pierde toda la confianza que aquéllos le habían prestado al ser investido, ¿con qué legitimidad podría seguir en el cargo? ¿De verdad puede seguir siendo presidente alguien al que la mayoría absoluta del Congreso le dice que se tiene que ir? Esto es el juego de la democracia parlamentaria regulado, volvamos de nuevo a ella, en nuestra Constitución.
Es cierto que le cabe a Rajoy dimitir antes de que se vote la moción de censura; quizás lo mascullase en el bar del Congreso mientras sus acólitos aguantaban el chaparrón vespertino. Mas no se entendería tal acción más que como una pataleta, una huida hacia adelante, sabedor de que nunca más volverá a ser presidente de gobierno. Por eso, si se cumplen las promesas dadas ayer en el hemiciclo, habrá un cambio de gobierno.
Quizás las gentes honradas del Partido Popular, más que lanzar diatribas a lo que no deja de ser un cauce constitucional más para exigir responsabilidades políticas a un gobierno, y por ende su destitución, debería mirar a esos tesoreros, empresarios, concejales y dirigentes del partido que durante muchos años, o consintieron, o directamente se orquestaron para malversar caudales públicos, adjudicar ilícitamente contratos públicos, defraudar a la Hacienda Pública y blanquear capitales. Quizás en ellos obtengan la respuesta a su debacle.
