Decenas de documentos que revisar, tanto de índole personal como patrimonial; tres, cuatro, veinte entrevistas —vamos, las que haga falta— en el despacho para calmarlos, para decirles que, bueno, que si eso es lo que han decidido lo mejor es comportarse de la manera más civilizada posible; resolución (armándonos de infinita paciencia) de las mil dudas que les asaltan antes de dar el paso que ya entienden definitivo, porque en esa tesitura es humano desconfiar de todo y de todos; redacción de borradores del convenio regulador del divorcio, corregido una y otra vez, porque la voluntad es voluble y frágil en casos de ruptura matrimonial, o porque al final cayeron en la cuenta de que ese concreto régimen de visitas de los críos no era compatible con sus actividades extraescolares; decidir al final quién se queda con ellos, si él, ella o ambos, en lo que se conoce como régimen de custodia compartida, con sus diversos matices; analizar en qué posición económica queda uno y otro cónyuge tras la ruptura, y por tanto decidir si procede o no la fijación de una justa pensión compensatoria; qué pasa con las cargas matrimoniales, las deudas y préstamos que seguirán subsistentes tras el divorcio, esto es, quién va a seguir respondiendo de ellos. Y finalmente, tras todos estos pasos y resolución de dudas, tras ese trabajo de asesor jurídico y también de psicopedagogo —que me perdonen el «intrusismo» los especialistas en este campo, pero es lo que hay—, el abogado ultima la demanda de divorcio y el convenio regulador para presentarlo en el juzgado y sea aprobado definitivamente por el juez. Éste decretará la disolución del vínculo, y el ya ex cónyuge volverá al despacho para llevarse una copia de la sentencia y la minuta de los honorarios pendientes. Y hablando de honorarios, ¿cuáles serían los justos tras ese trabajo que les he detallado de modo tan somero? Bueno, seguro que lo que a unos les parecerá normal a otros les resultará un exceso, pero antes de juzgar piensen en los intereses personales y patrimoniales en juego, y luego decidan cuál sería el precio razonable.
Claro que en esta época del low cost siempre hay quien trata de echar mierda sobre el prestigio de la profesión de la abogacía. Todo es opinable, claro, pero no de otro modo entiendo la creación por tres colegas (es un decir) de una plataforma digital de «divorcio on line», en la que el pobre al que su matrimonio se le va al carajo se da de alta, paga de entrada 180 euros, envía sus datos por internet y, ¡eureka!, estos tres magos le redactan la demanda y el convenio regulador. Sin malos rollos ni idas y venidas del despacho. Y sin consultas, pues si quiere este servicio ha de pagar 197 euros, lo que le da derecho a 30 minutos de videoconferencia, que podrá grabar en su móvil. Ni un minuto más, así que si se le queda en el tintero alguna duda, acuda a un despacho tradicional, pues estos abogados digitales ya han agotado el tiempo que usted les merece por tan «escasa» cantidad de dinero. El pago es por adelantado y por cada cónyuge. Todo muy aséptico, como ven. Sin lágrimas derramadas en el despacho. Sin abrazos, consuelos ni apretón de manos al abandonar la reunión.
No les voy a facilitar el nombre de esta plataforma de divorcio on line. No quiero darles más publicidad (quizás escribir este artículo ya haya sido un error); ahora es usted quien decide: puede acudir, llegado el caso, al abogado que le pueda asesorar mientras le mira a la cara, o puede divorciarse por internet como quien compra una pata de jamón. Ahora bien, luego no se queje si el cerdo resultó ser de muy mala calidad.
