El artículo 14 de nuestra Constitución (CE) señala que 'todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. Evidentemente dentro de esas otras condiciones sociales o personales podemos incluir la situación económica de cada cual, pues la mayor o menor riqueza que ostente un ciudadano no le ha de conferir más o menos derechos respecto de su vecino, principio básico del espíritu constitucional. Por otro lado, el art. 24 de la CE establece que 'Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Y más adelante dice que 'todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia letrada..'. Todo el mundo es capaz de entender que estos artículos pretenden garantizar que los españoles puedan solicitar amparo judicial si se consideran perjudicados o lesionados en sus derechos. Y qué duda cabe de que esto lo sabe o debe saber un ministro de justicia, licenciado en derecho y fiscal en excedencia apellidado Ruiz Gallardón. Lo sabe, sí, pero lo ignora a conciencia, lo desprecia. No le ha bastado con promover una reforma sobre el aborto más guiado por convicciones morales que por razones estrictamente jurídicas; no le ha bastado con impulsar una modificación del Código Penal que ya de por sí era uno de los más duros de la Unión Europea; el culmen de su obra ha sido promover para su aprobación en Cortes una ley de tasas judiciales que supone un ataque frontal al derecho básico de acceso a los tribunales, y un cercenamiento de la posibilidad de obtener una efectiva tutela judicial. Le ha bastado con apelar a la necesidad de la agilización de la justicia para aprobar unas tasas indecentes, confiscatorias y abusivas. Podría ponerles mil ejemplos, pero sepan que si a usted un agente le impone una multa de 150 euros por pura inquina o en abuso de su autoridad, y quiere usted recurrirla porque se ve lleno de razón, antes de que el juzgado siquiera dé trámite a su demanda, ha de soltar 200 euros. Claro, uno en ese caso se lo piensa y desiste, pues le sale más caro recurrir que pagar la sanción injusta. Así que el ministro se apunta un doble tanto: el Estado recauda las multas rápidamente, y se desatascan los juzgados porque entran menos pleitos. Perfecto, objetivo cumplido. Que al ciudadano se la hayan metido doblada y se haya visto privado del amparo judicial, eso es efecto colateral inevitable. O de un modo más expresivo, ¡que se joda!, que diría la otra.
No hay manera más fácil de agilizar (o abaratar) un servicio público que suprimirlo. La justicia padece males endémicos cuya solución pasa por dotarla con medios materiales, humanos y tecnológicos, y así alcanzar un correcto funcionamiento. Pero esto implica gastar dinero, y no lo permite el sacrosanto 'déficit público cero'. Así que el ministro ha optado por lo más sencillo: pongamos obstáculos al ciudadano para que reclame justicia, eso es un lujo que nuestros saturados juzgados no se lo pueden permitir; pero si pese a ello usted se empeña, terco como es, en que tiene razón y decide demandar, pase por caja y apoquine un pasta gansa, ya verá cómo la próxima vez no le quedan ganas.
Pero qué más da lo que se diga desde esta tribuna; el rodillo inclemente actuará de nuevo, aunque sea para aplastar un principio constitucional. A partir de ahora, quien pretenda justicia que la pague. Y es que aguantamos lo que nos echen y más.
