Cuando a un alumno de una facultad de derecho el profesor le pregunta en un examen si un trabajador puede ser despedido, sin que medien motivos disciplinarios en el empleado ni causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) en la empresa, aquel tiene dos opciones: contestar que no, y entonces lo justo es que se vaya a su casa con un suspenso por no tener pajolera idea, o responder que sí, que la empresa sí puede largarlo, asumiendo ya desde un principio la improcedencia del despido, con la obligación de abonarle la indemnización que legalmente le corresponda (y que tras la última reforma laboral resulta más barata). A este último el profesor le dará el aprobado, nada del otro mundo, pues la respuesta era sencilla. Pero como el docente tiene alma caritativa y no quiere quedarse con remordimiento de conciencia por suspender al primer alumno ('seguro que tuvo un lapsus, pobrecito'), le concede una segunda oportunidad. 'Gracias, profe, esta vez no le fallaré', dice el afligido pupilo. El profesor le hace entonces un examen oral, dos preguntas sencillas, para que no se diga que pone el listón del aprobado muy alto: si un trabajador es despedido y cobra la indemnización de la empresa, ¿la empresa ha de seguir cotizando por él a la Seguridad Social ¿La indemnización por despido, dentro de los límites legales, es un concepto por el que se ha de cotizar a la Seguridad Social? El alumno se rasca la cabeza, piensa, 'las sé, estas me las sé, seguro', y al cabo responde: 'Sí, la empresa puede seguir teniéndolo de alta después de despedirlo; y, ¿cuál era la segunda? ¡Ah, sí, ya me acuerdo!, ¡claro!, esa indemnización también cotiza a la seguridad social'. '¡Fuera de mi despacho! ¡Tiene usted un cero!', vocifera desesperado el profesor. El alumno, que se las prometía muy felices, lloriquea: 'Pero profesor, debe usted estar equivocado, se lo digo con el debido respeto; el otro día escuché a un colega suyo decir todo lo contrario. Además, tampoco sé por qué me suspendió el primer examen; sí, ya sabe, cuando respondí que no se podía despedir a un trabajador sin causa. Es que ese mismo colega, que es doctor en Derecho, ¿eh?, no vaya usted a pensar, también mantuvo que no era posible ese despido. Y, ¡hombre!, si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿a qué me atengo yo?'. El profesor le dice que eso es imposible, que no puede ser, que debe haber entendido mal a su colega, que ningún doctor en Derecho puede caer en esos errores básicos. 'Floriano ? contesta el alumno -, Carlos Floriano, así se llama su colega. Compruébelo usted mismo. Ahora se dedica a la política. ¿Sabe lo que le digo?, esto es injusto; ¡presentaré una queja en el Rectorado!'. Y sale ofendidísimo del despacho con el suspenso bajo el brazo.
El profesor, picado por la curiosidad malsana, hurga en internet, teclea el nombre que le indicó el alumno, y aparece el personaje, doctor en Derecho y vicesecretario general de organización del PP. Comprueba en vídeos las razones esgrimidas para justificar por qué no despidieron en su día al ex marido de Ana Mato, y por qué su partido siguió cotizando a la Seguridad Social por el malabarista Bárcenas hasta diciembre de 2012, pese a haberlo despedido, según dicen, en abril de 2010'. No se lo puede creer: '¡Dios!, y este tío es doctor en Derecho'. Claro que no va a variar la calificación del alumno suspenso, pues eso sería tanto como dar por buenas esas burradas. Lo penoso del asunto es que, una de dos, o el doctor mintió públicamente, y entonces tenemos un problema ético y político, o el doctor no sabía lo que decía, pese a ser algo elemental, y entonces tenemos un problema docente. Me inclino, mal pensado que soy, por lo primero. En todo caso, tenemos un problema, doctor.
