Si cuatro comunidades con gobiernos de diferente palo político consiguen ponerse de acuerdo para reclamar que el diseño de la Política Agracia Común (PAC) 2023-2027 no penalice el modelo de explotaciones familiares del norte de España, el rebumbio por el adelanto del toque de queda para contener la tercera ola de covid incrementa la desconfianza sobre la intención partidista de las medidas que se están adoptando. Que el PP de Feijóo, el PSOE de Asturias, los regionalistas cántabros del inclasificable Revilla y los soberanistas del PNV tiren del mismo carro sin importar la carga ideológica, siembra la esperanza entre el sector primario del frente norte del Estado. Con la urgencia sanitaria por la pandemia tendría que imperar la unión pública sin fisuras para evitar el desconcierto del personal por los bandazos normativos. Lo que pasa en la Interterritorial queda en la Interterritorial, como sucede durante un viaje a Ibiza o en el vestuario de un equipo de fútbol.
Desde el confinamiento duro de la pasada primavera los representantes públicos se han dedicado a engordar la crispación electoralista en vez de hacer política. Los que se oponían a prorrogar el encierro brutal ahora lo exigen y los que lo apoyaron ya no lo ven tan claro, quizá porque las cuentas cantan que hay que esperar al menos a la recaudación del IVA de hoy o son conscientes de la gravedad de la pobreza de mucha peña que antes vivía al día o malvivía.
La desobediencia de Castilla y León con lo apalabrado en el Consejo Interterritorial es una irresponsabilidad gigantesca que carga de razones al ciudadano que se pasa la abundante y confusa normativa por la goma de la mascarilla. Si una administración adelanta el toque de queda a las ocho de la tarde sin respetar lo escrito en el decreto del estado de alarma ni esperar a que un nuevo acuerdo facilite la herramienta –como piden varias comunidades entre las que hay gobiernos socialistas–, por qué va el contribuyente a respetar las normas. El Sindicato Labrego Galego denunció la clausura de varios mercados agrícolas como el de Melide o Cambre por mandato municipal "sin que exista ninguna orden oficial que obligue a hacerlo". En vez de la compra al aire libre, la solución es arracimarse en el supermercado porque lo dice el alcalde. Pocos contagios hay.
