Un auto por la custodia de una criatura de un año dictado por la titular del juzgado de primera instancia número 7 de Marbella ha conseguido mover los marcos que delimitan la autoestima de los gallegos. Podemos pagar la autopista más cara del Estado y durante más tiempo; asistir a la extinción de comarcas industriales como A Mariña lucense, Ferrolterra o As Pontes; apoquinar por la luz lo mismo que el resto a pesar del coste medioambiental y paisajístico de producirla; quedar sin entidades bancarias propias para impulsar proyectos anclados a la tierra; perder a una generación de graduados que han hecho las maletas siguiendo el camino de los abuelos; o esperar con paciencia la llegada del AVE –lo hará tres décadas después de recorrer la estación sevillana de Santa Justa– que la respuesta social se propaga con sordina, si es que sucede.
A una magistrada se le va la mano al escribir que el bebé está mejor con el padre en Marbella, donde cuenta con “un buen hospital y todo tipo de colegios para poder educar a un niño, públicos o privados” que en “la pequeñísima población en la Galicia profunda a la que se ha trasladado la madre” y los gallegos nos revolvemos como si hubiesen insultado a la familia. El Parlamento de Galicia consensuó una declaración institucional en la que se censura “prejuicios y estereotipos”, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo mostró una foto de cativo con el comentario “yo fui un niño de la Galicia profunda y... ni tan mal”, el BNG activó una campaña en las redes y el personal mostró en bloque la profundidad del mosqueo por las declaraciones.
La reacción parece tan desmedida como las consideraciones frívolas de la magistrada sobre Torea, una parroquia de Muros de 300 vecinos alejada de las golferías que se registran en Marbella y en la que se ha criado una de las personas más resueltas con las que se ha cruzado este chófer de anécdotas. También sentó mal por estos pagos la parodia del acento gallego perpetrada por los tres cocineros en la visita del programa Masterchufla de TVE a A Coruña, pero más escandaloso resultaron los 50.000 euros que cobraron por unos planos sin sal de una ciudad que no necesita mantel para comerse con los ojos. La queja por las inversiones tiene un centímetro de profundidad.
