A un gallego que llegue a los 65 años le quedan otros 21,66 de esperanza de vida, según la media que sacó el Instituto Galego de Estatística (IGE) con los datos de 2021. Como el personal no se siente viejo hasta que sopla 74 velas –dice un estudio realizado por la Fundación Mutua de Propietarios–, desde la jubilación hasta que toca diñarla, si se decide cumplir la previsión estadística, disfruta de nueve años como un chaval y pasa trece esquivando los achaques de todo anciano que no está ya en la tumba.
La sanidad pública en España necesita una pensada, pero mientras se encuentra la fórmula para mantener el brillo de la joya más preciada del estado de bienestar, los partidos políticos, al menos, tendrían que ponerse de acuerdo en la fuerza y la zona del torniquete de urgencia que tapone la herida actual por la carestía de médicos en la atención primaria (familia y pediatría) en vez de provocar el pánico por la posibilidad de caer enfermo.
El Gobierno central ofreció en diciembre pasado retrasar la jubilación a los galenos de primaria y cobrar el 75% de su pensiones, frente al 50% que podían percibir hasta ahora, para paliar con el incentivo el déficit de sanitarios en la medicina que contiene el colapso de las urgencias. La Consellería de Sanidade permite desde 2015 prorrogar la vida laboral de los galenos hasta los 70 años, ya que durante la etapa de la crisis financiera el que cumplía 65 años se marchaba a su casa aunque prefiriese seguir activo. Asegura la Xunta que el 80% decide continuar en el tajo cinco años más de los que le corresponderían. El Sergas propone ahora modificar el estatuto marco de los trabajadores para que la jubilación se pueda aplazar hasta los 72 años en primaria como sucede con los magistrados. Redactar una sentencia con el callo de cuatro décadas parece bastante menos fatigoso que pasar consulta en un centro de salud abarrotado. La idea será debatida la próxima semana en la Cámara gallega. Tanto BNG como PSdeG critican la “ocurrencia” y los “palos de ciego”, mientras el PPdeG les reprocha que no sean razonables con “una solución plausible” ante un Gobierno central “que no atiende otras medidas como la convocatoria de más plazas MIR”. La culpa cambia de camilla.
