La agrupación de IU en la Comunidad de Madrid ha despedido a once trabajadoras y militantes del partido. Una consecuencia más del desastre de las elecciones municipales. La organización madrileña del partido de Cayo Lara y Alberto Garzón adeuda a Hacienda y a la Seguridad Social unos dos millones de euros y la sede lleva camino de convertirse en pacto de los ratones.
Previo a este despido, los trabajadores se sometieron a un ERTE (Expediente de regulación) con una reducción de salarios del 50%. Según denuncian ahora, esa regulación al socaire de la reforma laboral del PP solo afectó a los empleados, no a los dirigentes políticos. Algunas trabajadoras han interpuesto una demanda para reclamar los casi cuatrocientos mil euros que les adeudan y denuncian no haber recibido ningún tipo de solidaridad pública por parte de la organización. Cayo Lara se ha encogido de hombros y Alberto Garzón no las ha recibido ni ha contestado a sus misivas. Los compañeros no han organizado ningún tipo de protesta ni manifestación y el dinero recaudado solidariamente, unos veinticinco mil euros, se ha fundido antes en el pago de los gastos corrientes de la sede que acudido a paliar los problemas urgentes de los afectados.
Esta imagen contradictoria, de una organización nacida para la defensa de los trabajadores, nos conduce inexorablemente al viejo dicho: en casa del herrero… Sin embargo, quedarnos con esa lectura tan elemental sería un mal de tontos. La reflexión debe ir por otros cauces porque no solo IU está afectada por este mal del óxido férrico de los partidos políticos tradicionales. Ahí queda en los sótanos del silencio el cierre de la lujosa sede valenciana del PP o el desmontaje y liquidación de la fundación IDEAS del PSOE y tantos otros casos singulares de castillos de naipes caídos por los pueblos de España. Un viento maligno que, en lugar de hablar de renovación, transmite la idea de liquidación por derribo.
La primera reflexión hay que centrarla en ese cuchillo de palo de casi todas las organizaciones políticas. Los responsables máximos suelen rendirse antes al culto al partido, al sistema, que empeñarse en la defensa de sus trabajadores. Otro elemento que sumar al descrédito de unas organizaciones esenciales para el buen funcionamiento de la vida en sociedad. Y de ahí a la necesaria reforma de la financiación de partidos y sindicatos solo hay dos trancos.
Resulta evidente que el sistema actual no funciona, o funciona mal, y además es injusto. Como cualquier empresa, puesto que emplean personal, las organizaciones políticas debieran tener una dimensión laboral, una base financiera y unas previsiones equilibradas y ajenas a los avatares electorales y a los Bárcenas de turno. Debieran abandonar cuanto antes la palabrería del herrero para legislar sin cartas marcadas por el pasado.
