El próximo domingo se cumplen ciento ochenta y un años del decreto de Javier de Burgos, primer ministro de Fomento, que instauró la división provincial de la España moderna. La creación de las provincias actuales y sus gobiernos, encarnado por las diputaciones, no fue fruto ni de la improvisación ni de un proceso caprichoso u opresor centralista, como ha ido calando entre los muñidores de la opinión política. Si yo pudiera reunir mis artículos de los últimos treinta años, con toda seguridad encontraría en muchos de ellos opiniones contrarias a la existencia de la provincia y su diputación. Naturalmente arrastrado por la corriente contra el caciquismo y el clientelismo. Su pasado y presente inmediato no me permitieron imaginar el futuro.
Cierto. El río suena pero el agua no siempre viene de una fuente ni muy clara ni muy justa. Gracias a mi afición de editor, hace casi tres años me tropecé con las propuestas de Manuel Baltar a propósito de la función y el futuro de la provincia y su gobierno. Esas ideas me llevaron al rincón de pensar y al cajón de la historia del siglo XIX, tan mal explicado siempre. Concluí que necesitamos estudiar y entender las convulsiones de aquel tiempo, especialmente desde el fugaz reinado de José I, las Cortes de Cádiz y los desastres de Fernando VII, para poder equilibrar nuestro presente.
Enterrado el Antiguo Régimen, la división provincial de 1833 resultó esencial para ordenar un vasto territorio maltratado por los intereses de las clases altas y el clero. Fue una idea liberal, en su origen “progresista”, contra la que han venido luchando o sirviéndose de ella los sectores más reaccionarios. Sin embargo en ningún momento nadie ha aportado una solución distributiva mejor. Ni siquiera la Constitución del 78, que sustenta la España de las Autonomías sobre la realidad de las provincias. Obligando, además, a sus gobiernos a ejercer un incómodo papel de jamón intermedio en el bocadillo institucional.
Curiosamente, mientras se lanzan dardos contra las diputaciones, apenas se oyen voces contra las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de la corriente puede más que el raciocinio o el estudio serio. Es absolutamente real la necesidad de cambiar el funcionamiento de las diputaciones. En muchas provincias ya está sucediendo para bien. El buen gobierno provincial puede ser la base para soñar el futuro de la provincia y del Estado, que los gobiernos autonómicos no han sabido ni entender, ni utilizar en beneficio de una mejor distribución administrativa. A estas alturas, 181 años después de su nacimiento, la provincia puede estar llamada a jugar un papel progresista en los cambios que se avecinan. El siglo XIX reclama atención para soñar el XXI.
