El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, gallego ilustre, quiere sacar a la Iglesia Católica del País Vasco de las manos del nacionalismo y para ello pretende cubrir la bajas con el nombramiento de obispos conservadores. Rouco Varela es consecuente con su ideología al intentar estos cambios. Con su forma de pensar ha sido elegido por segunda vez para ocupar la presidencia de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, el poder político y parte de la opinión pública han criticado con dureza este intento de Rouco. Es como si a Zapatero se le criticase por nombrar ministros progresistas. Sigo sin entender este afán de atacar a la jerarquía católica cuando toman decisiones internas. A los que no pertenecemos a esa comunidad religiosa eso nos debería traer sin cuidado.
Otra decisión de la cúpula de la Iglesia ha recibido duras respuestas, aunque en este caso de personas que se declaran católicas. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, anuncia que votar a favor de la reforma de la ley del aborto es una herejía, un pecado público que está castigado con la excomunión. Es un argumento tan evidente que las protestas de los diputados católicos carecen de sentido.
En todos los grupos organizados de la sociedad -empresa, partido político, equipo de fútbol, familia- hay unas reglas de juego que los componentes del grupo deben cumplir. Si se pertenece a una comunidad religiosa de forma voluntaria, nadie puede interpretar las reglas de juego a su libre albedrio. Un católico no puede decidir lo que es pecado. Puede decidir pecar, y atenerse a las consecuencias. Como su pecado es público, el castigo también. Y la cúpula de la Iglesia está obligada a tomar medidas para evitar la desbandada del rebaño.
