La única cifra cierta, nadie la discutió, son los 11.000 millones adicionales que puso el Gobierno sobre la mesa. Todas las demás son números que se manejan en función de los intereses políticos de cada cual. Las comunidades socialistas ven la botella medio llena y las que gobierna el PP la ven vacía o medio vacía, salvo Ceuta que también la ve llena. Así que como de las cifras es imposible sacar conclusiones hay que analizar los mensajes políticos. El PP optó por acusar al Gobierno de favorecer a Cataluña y Andalucía por ser su granero de votos. Eso sí, sin dar un sólo dato que demuestre la acusación, aunque parece que su mensaje ha calado. Por su parte, el Gobierno asegura que todas las comunidades reciben más dinero con este sistema y que están garantizados en toda España sanidad, educación y servicios sociales. Pero el PP tenía un problema de difícil solución que no ha sabido resolver. Como partido de la oposición al Gobierno de España es normal que se oponga al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Pero, como al mismo tiempo es el partido que gobierna en varias comunidades, estaba obligado a modular muy bien su discurso. No era sencillo compaginar la oposición del partido con la posición que debían adoptar los presi dentes de las comunidades autónomas. Y no encontraron el discurso. Cuando Mariano Rajoy ordenó la abstención estaba colocando contra la pared a los presidentes.
El presidente de una comunidad autónoma no puede votar, en un órgano al que pertenece por haber sido elegido por los ciudadanos, lo que le ordena su jefe de partido. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se puede votar en función de los intereses políticos del partido de la oposición. Ahora, Alberto Núñez Feijóo está intentando escapar de esa situación fabulando sobre posibles venganzas del Gobierno por abstenerse. Él también es consciente de la complicada situación en la que ha quedado e intenta desviar la atención.
