Hay que dejar algunas cosas claras antes de entrar en el debate sobre si debe haber militares en los atuneros españoles que pescan en aguas de Somalia. La ley actual dice que los militares están para defender el territorio español y los atuneros, pese a lo que se diga, no son territorio español, como no lo son las oficinas que Telefónica tiene por el mundo o los pozos de petróleo de Repsol. Así que o se reforma la ley o no puede haber militares a bordo de los barcos. Pero es que, además, hay muchas razones para oponerse a que el Ejército se dedique a defender los interese de unos empresarios, como no queremos que se ocupe del orden público dentro de nuestras fronteras. Por la misma regla de tres, habría que poner un policía dentro de los comercios que son atracados varias veces. Los armadores tienen dos soluciones: contratar su propia seguridad o no ir a pescar a sitios peligrosos. Pero claro, es muy rentable pescar en las costas de un país que no tiene gobierno y, en consecuencia, no puede vigilar sus aguas, y si a eso le añadimos que el Estado corra con los gastos de seguridad, el negocio es redondo. Aún hay otro argumento: se puede asegurar que con un soldado a bordo los piratas no asaltarán los barcos, o lo que conseguiremos es que en vez de fusiles los piratas se pertrechen con armamento pesado y los asaltos acaben en masacres.
Por todas estas razones hay que descartar la presencia de militares en los atuneros y buscar soluciones en la acción internacional y si no llega, repito, a pescar a otro lado. Ahora, que se pague el rescate, con dinero público si es necesario, para salvar las vidas de nuestros marineros. Pero después que la casa armadora devuelva al erario hasta el último euro.
