El gobierno provincial presentará el proyecto a la Xunta, que deberá dar el visto bueno definitivo al plan a fin de poner en marcha "las medidas específicas"
El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha ratificado la intervención del concello de Os Blancos dada la "difícil" situación económica que atraviesa y ha confiado en que la situación quede "absolutamente solucionada", con las medidas previstas en el plan de ajuste, que contempla traspasar competencias al ente provincial por un período inicial de dos años, prorrogables.
"El Concello se encontraba económica y financieramente en un escenario muy difícil y la Diputación lo que ha hecho, no solo estos días sino desde hace dos años, es trabajar para ver técnicamente las posibilidades para sacar del agujero financiero al concello", ha comentado Baltar, al concluir el acto de presentación del catálogo de la exposición de "In Tempore Sueborum", que será inaugurada mañana.
De hecho, ha hablado de una intervención "ya de facto" puesto que "ya estamos asistiendo y colaborando desde hace meses en cuestiones: medioambientales, culturales, sociales y de personal", que se verá ahora refrendada con el visto bueno tanto de la diputación como previsiblemente, de la Xunta de Galicia.
En declaraciones a los medios congregados, ha garantizado la "cooperación" del ente provincial con el concello ourensano, que ha hecho extensible a todos aquellos que se encuentren "en peores condiciones", para solucionar su situación económica.
Según ha asegurado, la gestión llevada a cabo en la Diputación en los últimos años, con "una reducción espectacular de la deuda y los mayores remanentes de la historia y la decisión política de contribuir y cooperar con los concellos", permite poder actuar en este ayuntamiento.
Tras su debate en la comisión informativa, la Diputación ourensana prevé aprobar en el pleno de este mismo mes de diciembre (el PP tiene mayoría absoluta) la cesión de determinados servicios, que van desde iluminación hasta abastecimiento, saneamiento y carreteras o el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
A continuación, el ente provincial, que dirige el también popular Manuel Baltar, presentará el proyecto a la Xunta de Galicia que deberá dar el visto bueno definitivo al plan a fin de poner en marcha "las medidas específicas", entre las que se encuentran la cuestión de "personal propio hasta asesoramiento".
En la actualidad, el concello ourensano acumula una deuda de 3,2 millones de euros, de los cuales 1,6 millones corresponden a la Seguridad Social y otros 42.456,04 euros a la Agencia Estatal Tributaria, El resto son débitos a proveedores (un millón de euros) y a los bancos (unos 500.000 euros).
Esta situación llevó al gobierno local, que lidera José Manuel Castro (PP), a activar los trámites para traspasar a la Diputación diversos servicios para acceder a un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que le permita subsanar la deuda de 1,7 millones de euros.
Con el plan de ajuste, Baltar ha confiado en que la situación quede "absolutamente solucionada", una vez que se activen las medidas técnicas que permitirán "revitalizar y fortalecer el ayuntamiento".
Por otra parte, el presidente provincial se ha referido a las críticas vertidas por el grupo socialista, quien acusó al gobierno popular de "no haber hecho nada" estos años para solventar la delicada situación del concello.
A este respecto, Baltar ha asegurado que en el tiempo que lleva al frente del ente provincial "nadie preguntó por esta cuestión y ha continuado diciendo que "si no es por la diputación nadie lo haría", convencido de que finalmente podrán "solventar y darle un futuro a ese concello" y, a la postre, "salvar Os Blancos".
Precisamente, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó en los últimos días que es "necesaria" la intervención de la Diputación de Ourense en Os Blancos ante la "delicadísima" situación económica de este ayuntamiento, proceso, por otro lado, que recordó que está contemplado legalmente.
Mientras, el alcalde de este ayuntamiento apuntó que esta medida es "una dispensa de servicios permitida" por la ley rechazando que esta cesión de competencias suponga una intervención al sostener que el equipo de gobierno continuará "sacando proyectos adelante".
