La Ley de Protección de Deudores Hipotecarios, de Reestructuración de la Deuda y del Alquiler Social, que aprobó la Comisión del Congreso, desgraciadamente con el solo apoyo del PP, tiene la virtud de equilibrar la posición del deudor sorprendido por unas circunstancias adversas inesperadas, como las causadas por la actual crisis económica, con el respeto a la seguridad jurídica y al normal desenvolvimiento del mercado hipotecario.
Es una legislación práctica, que va a la raíz del problema y con la que se pretende ante todo que los afectados puedan conservar sus casas. En principio parece una buena medida.
