El dilema es saber saber si hoy tiene sentido la existencia de una televisión estatal. La respuesta pudiera ser afirmativa si los contenidos de su programación se caracterizasen por la objetividad, pluralidad y excelencia, pero la realidad es que TVE está al servicio del poder.
En el siglo XXI, ¿tiene sentido una televisión así, cuando la iniciativa privada y los medios tecnológicos la hacen perfectamente prescindible? El Gobierno puede legislar para regular mejor el funcionamiento de las empresas de televisiones privadas. Nuestra sociedad todavía tiene pendiente desarrollar unas leyes que ayuden a conseguir que los informativos se aproximen a la objetividad evitando sectarismos, y que el resto de contenidos se alejen de la vulgaridad.
