Personal municipal bolense procederá este martes al traslado de los usuarios, mientras los trabajadores reivindican sus derechos
El Concello de A Bola trasladará durante el día de hoy a los mayores de la residencia de Podentes a diferentes centros de la provincia. Lo hará después de un largo proceso judicial, incluida una última semana cargada de reuniones y encierros, tras materializar ayer el auto judicial que le autorizaba a desalojar el inmueble para hacer frente a los problemas en la red de saneamiento, señalados por la regidora Teresa Barge tanto en el exterior como en el sótano del edificio.
En presencia de la Guardia Civil, Concello y concesionaria Carbatari firmaron un documento donde el primero se comprometió a hacerse cargo de la atención de los 24 usuarios y de la gestión del inmueble. La alcaldesa explicó que hoy comenzará el traslado de los mayores a cinco residencias ourensanas, una vez se tenga la autorización de las familias. Aunque alguna de ellas ya acudió ayer a recoger a sus familiares. "Pido desculpas polas molestias e trataremos de que o proceso sexa o mellor posible", dijo la regidora, que insistió en que una vez que se ejecuten las obras, el Concello reabrirá las instalaciones donde tendrán preferencia los mayores ahora reubicados.
Empleados sin trabajo
Los que no tienen una solución son, al menos de momento, los trabajadores contratados por Carbatari que ayer "fueron expulsados del centro por la alcaldesa", según la CIG. "Mentras non se lles diga o contrario, este persoal seguirá presentándose aquí", dijo Anxo Pérez Carballo de la CIG, quien hoy volverá a acompañar a los trabajadores para reivindicar sus derechos de subrogación. "Non se queren facer cargo de nós", manifestaba un trabajador. Barge argumentó que el cierre de la residencia es inmediato y estos días atenderá el centro personal municipal de Benestar. "Recibiremos os traballadores no concello" y "recoñeceranse os dereitos que marque a lei", dijo sobre este tema la alcaldesa, quien comentó que trataron de informar a trabajadores y usuarios de la situación, "porque a empresa non o estaba notificando".
El administrador de Carbatari, Manuel Fernández, recordó que llevan dos años y medio en el edificio sin contrato. "En aquel momento tenían que haber sacado a concurso y la nueva empresa se hubiera hecho cargo de los usuarios y trabajadores, pero no lo han hecho". Fernández no comparte los argumentos sobre el mal estado del centro "porque ha pasado diferentes inspecciones de Sanidad o Inspección de Centros" sin decretarse cierre alguno y fue más allá al asegurar que "para hacer unas obras de reforma de una supuesta humedad que está en el sótano, no se cierra una residencia". Personalmente, aseguró sentirse tranquilo tras la firma de los documentos que le eximen de cualquier responsabilidad. "Llevo dos años y medio queriéndome ir", dijo aludiendo a las pérdidas económicas que le ha supuesto la gestión de un edificio diseñado para 85 personas, donde solo 24 están autorizadas.
Echan en falta a la "Fiscalía de mayores"
Tanto Manuel Fernández, de Carbatari, como el representante de la CIG, Anxo Pérez, echaron en falta "á Fiscalía de Maiores" y a responsables de atención social de la Xunta en la tensa jornada que ayer se vivió en el centro. "Todo o mundo mira para outro lado", dijo Pérez, al tiempo que expresó su preocupación por el tratamiento que se les está dando a los mayores "coma se fosen unha caixa de tornillos" y a las consecuencias que el traslado pueda provocar en los usuarios. "Se o Concello ten un problema co administrador que o bote, pero ten que seguir dando o servizo", dijo convencido de que detrás de este desalojo hay "unha operación oculta".
