Las comunidades autónomas han engordado un 28,6 por ciento sus estructuras administrativas en los últimos seis años, al pasar de 1.537 entes en 2003 a 2.012 en 2009, año en el que tenían abiertas en el extranjero cerca de doscientas oficinas para su representación exterior.
Según el inventario de entes dependientes de las Comunidades Autónomas, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, la mayor presencia financiera de las comunidades en el conjunto del gasto público ha conllevado la creación de nuevas entidades para la gestión de los distintos servicios públicos.
Así, el número de consorcios, entidades públicas empresariales, agencias o fundaciones creadas por las comunidades han aumentado en los últimos años, en un ránking liderado por Cataluña, con 335 entes, 48 más que en el año 2003.
Le sigue Andalucía, con 317 entes (267 hace seis años) y, a larga distancia, Baleares, con 166, frente a los 107 de 2003.
Madrid, tenía en 2009, 137 organismos de diferente naturaleza, 17 más que en 2003.
Las comunidades que menos han recurrido a este tipo de organismos son La Rioja (30), Asturias (63) y Cantabria (65), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 19 y 10 respectivamente.
En términos porcentuales, destaca el incremento de éstas estructuras administrativas en Castilla-La Mancha (un 95%) y Cantabria (75,7%).
Por tipos, los consorcios (583) son la fórmula preferida por las autonomías, seguidos de las sociedades mercantiles (539) y las fundaciones (409).
Las televisiones y radios de las comunidades, sus universidades, teatros o servicios de salud están constituidos en muchos casos bajo esta tipología de entes.
A estas fórmulas se recurrió para crear organismos como el Consorcio para la construcción del Velódromo de Palma, en Baleares, o la sociedad mercantil Cabanyal 2010, en la Comunidad Valenciana, actuaciones que han sido objeto de polémica.
Más curiosos son, por ejemplo, el consorcio Escuela Madera de Encinas Reales, la sociedad Andalucía Aeroespacial, la fundación pública andaluza El Legado Andalusí o las sociedades mercantiles Inversora World Trade Center y Unidades Móviles Andaluzas.
Fuera de Andalucía, se puede encontrar el Observatori del Paisatge y el Instituto de Geomática (Cataluña), las sociedades mercantiles Terminal Marítima de Zaragoza (Aragón) y La Cuchillería de Taramundi (Asturias) o el consorcio para la Construcción de una Piscina Cubierta Climatizada en Cieza (Murcia).
Las comunidades autónomas también recurren a este tipo de figuras administrativas para su representación en el exterior, en oficinas principalmente de promoción económica y turística.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Eugenio Nasarre, en la actualidad hay 192 oficinas o unidades administrativas dependientes en su gran mayoría de las comunidades autónomas, pero también de entes locales.
Cataluña, con 48, es la región con mayor representación en el exterior; seguida de la Comunidad Valenciana, con 23; Andalucía, con 22; y Asturias, con 17.
Otras comunidades, como La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares, tienen sólo dos oficinas en funcionamiento.
En lo que coinciden todas las comunidades es en la importancia de tener representación en Bruselas, sede de las principales instituciones europeas.
Así, el número de consorcios, entidades públicas empresariales, agencias o fundaciones creadas por las comunidades han aumentado en los últimos años, en un ránking liderado por Cataluña, con 335 entes, 48 más que en el año 2003.
Le sigue Andalucía, con 317 entes (267 hace seis años) y, a larga distancia, Baleares, con 166, frente a los 107 de 2003.
Madrid, tenía en 2009, 137 organismos de diferente naturaleza, 17 más que en 2003.
Las comunidades que menos han recurrido a este tipo de organismos son La Rioja (30), Asturias (63) y Cantabria (65), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 19 y 10 respectivamente.
En términos porcentuales, destaca el incremento de éstas estructuras administrativas en Castilla-La Mancha (un 95%) y Cantabria (75,7%).
Por tipos, los consorcios (583) son la fórmula preferida por las autonomías, seguidos de las sociedades mercantiles (539) y las fundaciones (409).
Las televisiones y radios de las comunidades, sus universidades, teatros o servicios de salud están constituidos en muchos casos bajo esta tipología de entes.
A estas fórmulas se recurrió para crear organismos como el Consorcio para la construcción del Velódromo de Palma, en Baleares, o la sociedad mercantil Cabanyal 2010, en la Comunidad Valenciana, actuaciones que han sido objeto de polémica.
Más curiosos son, por ejemplo, el consorcio Escuela Madera de Encinas Reales, la sociedad Andalucía Aeroespacial, la fundación pública andaluza El Legado Andalusí o las sociedades mercantiles Inversora World Trade Center y Unidades Móviles Andaluzas.
Fuera de Andalucía, se puede encontrar el Observatori del Paisatge y el Instituto de Geomática (Cataluña), las sociedades mercantiles Terminal Marítima de Zaragoza (Aragón) y La Cuchillería de Taramundi (Asturias) o el consorcio para la Construcción de una Piscina Cubierta Climatizada en Cieza (Murcia).
Las comunidades autónomas también recurren a este tipo de figuras administrativas para su representación en el exterior, en oficinas principalmente de promoción económica y turística.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Eugenio Nasarre, en la actualidad hay 192 oficinas o unidades administrativas dependientes en su gran mayoría de las comunidades autónomas, pero también de entes locales.
Cataluña, con 48, es la región con mayor representación en el exterior; seguida de la Comunidad Valenciana, con 23; Andalucía, con 22; y Asturias, con 17.
Otras comunidades, como La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares, tienen sólo dos oficinas en funcionamiento.
En lo que coinciden todas las comunidades es en la importancia de tener representación en Bruselas, sede de las principales instituciones europeas.
