El PP explica que la enmienda a la Ley de Cajas sólo "aclara" conceptos ya vigentes pero que las fundaciones serán "independientes"
La Comisión de Economía del Congreso ha dado este jueves luz verde al proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito con el único respaldo de los 'populares', después de que la introducción de una enmienda que modifica la Ley de Cajas haya provocado el rechazo de PSOE, CiU y PNV por considerar que vulnera competencias autonómicas.
La enmienda de la discordia es la que establece que para determinar la actividad principal de una fundación bancaria a efectos de atribuir el protectorado al Ministerio de Economía o a la comunidad autónoma se tendrá en cuenta "tanto la implantación territorial de la obra social como la distribución territorial de los depósitos captados por las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente la fundación".
Una modificación que no ha gustado a la oposición ni siquiera tras la presentación por parte del PP de una autoenmienda para precisar el texto en el sentido de que el Ministerio ejercerá el protectorado siempre que la fundación tenga una participación directa o indirecta en la entidad de al menos un 10% del capital o los votos, cuando sea su mayor accionista o cuando el 40% o más de sus depósitos estén captados en otra región.
Así, a pesar de la inclusión en el texto una decena de enmiendas de la oposición y de ocho transaccionales, los 'populares' se han quedado solos en la votación, frente al voto en contra de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y Amaiur y las abstenciones de UPyD y CiU.
"NO HAY EXPLICACIÓN".
El portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, ha explicado que su rechazo se debe "fundamentalmente" a este cambio. "No estamos de acuerdo, esta enmienda no ha sido negociada, no ha habido aviso y no hay explicación, porque la Ley de Cajas se aprobó en diciembre y es inexplicable que tan poco tiempo después se cambie radicalmente", ha añadido, augurando "una defensa legítima por parte de las comunidades autónomas de sus competencias estatutarias".
Además, ha lamentado que el Gobierno y el PP hayan "perdido la oportunidad de lograr un gran consenso en torno a la nueva regulación del sistema financiero", dado que este proyecto de ley habría contando con un amplio respaldo de no haberse introducido esta modificación, aunque los socialistas creen que en ciertas materias la norma debería haber ido más allá (por ejemplo, en la protección de los consumidores de servicios bancarios o la regulación de las comisiones bancarias).
Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha recordado que su grupo valoró el proyecto de ley desde un primer momento, y que tenía disposición de negociar con el Gobierno e incluso de votar a favor gracias a los cambios acordados con el PP. Sin embargo, la enmienda de la Ley de Cajas supone "una alteración importante del objetivo fundamental" del texto original, suficiente para provocar el voto en contra.
De hecho, los nacionalistas catalanes ya advirtieron durante la tramitación de la Ley de Cajas de que este asunto quedaba en el aire, y propusieron que el protectorado recayera en la comunidad donde esté el domicilio social de la fundación y que el Ministerio controlara la obra social fuera del territorio. "Nos sentimos muy solos en esa defensa", ha dicho, lamentando además esta "invasión por parte del Estado de competencias autonómicas", muy lejos de lo que debería ser "una regulación del siglo XXI".
Tampoco le gusta la enmienda de los 'populares' al PNV, cuyo portavoz económico, Pedro Azpiazu, ha lamentado que pese a los acuerdos alcanzados con base a sus enmiendas votará en contra del proyecto por la enmienda 'popular' sobre las cajas, que cree está "al margen del marco jurídico vigente", en concreto al Estatuto de Gernika.
"Trabajamos durante bastante tiempo para alcanzar un acuerdo en materia de fundaciones bancarias, y esta enmienda rompe ese acuerdo. No podemos aceptar ninguna norma que modifique la distribución de competencias convenidas en el Estatuto", ha criticado, preguntándose además por qué causas que "no se pueden decir en público" se ha optado por un criterio que "nada tiene que ver con la obra social" para definir quién ejerce el protectorado.
RECHAZO COMPLETO A LA LEY.
El portavoz económico de la Izquierda Plural, Alberto Garzón, se ha opuesto al proyecto de ley por razones más generales y de fondo, las mismas que llevaron a su grupo a presentar una enmienda de totalidad contra la norma. "Estamos de acuerdo con incrementar la regulación al sector financiero para que sea útil a los intereses de la economía real y evitar estafas y especulaciones, pero este proyecto se queda muy cojo y muy corto", ha dicho, señalando que hasta la normativa de Estados Unidos es más ambiciosa.
En concreto, ha lamentado la falta de ambición, por ejemplo, en el régimen sancionador para los responsables de estafas o quiebras financieras, del régimen de incompatibilidades, de los instrumentos financieros o de la puesta en marcha del Impuesto sobre Transacciones Financieras. Asimismo, ha vuelto a insistir en la creación de una banca pública aprovechando las entidades ya nacionalizadas.
Igualmente, el voto en contra de Amaiur se debe, según ha explicado Rafael Larreina, por su discrepancia con la regulación financiera. "Esta ley sigue favoreciendo el oligopolio financiero y sigue dando la espalda a las personas", ha criticado, apostillando que el cambio en la Ley de Cajas incide en la "recentralización".
Por su parte, Álvaro Anchuelo, el responsable parlamentario de Economía de UPyD, ha optado por la abstención dado que en el proyecto hay "importantes mejoras respecto de la situación actual" y además se centra en trasponer directivas que recogen lo "aprendido con la crisis", aunque cree que la norma es poco "ambiciosa" e "insuficiente" en muchos extremos.
"Querríamos haber ido más allá", ha dicho, en referencia a temas como las exigencias de idoneidad, los requisitos de incompatibilidades para "acabar con el fenómeno de la puerta giratoria", eliminar los "créditos privilegiados" o limitar aún más las remuneraciones de los directivos bancarios, entre otros asuntos.
SÓLO SE "ACLARA" LA LEY DE CAJAS.
Frente a todas estas críticas, el portavoz 'popular' de Economía en la Cámara, Vicente Martínez-Pujalte, ha asegurado que la enmienda "no modifica en absoluto el espíritu" de la Ley de Cajas sino que únicamente "aclara" el concepto de actividad principal para determinar correctamente quién debe tener el protectorado, tal y como ya se recoge en la propia norma.
"Entiendo que algunos diputados puedan hablar de un posible vicio de inconstitucionalidad, pero se ha aquilatado y se ha trabajado con detalle para que la enmienda transaccional contenga todo el marco necesario para dotar de constitucionalidad a la reforma", ha añadido.
Además, ha insistido en que "para nada" las administraciones públicas, ni nacional ni autonómica, controlarán las fundaciones bancarias, cuyo patronato podrán realizar su trabajo "con independencia" como hacen las fundaciones de otros ámbitos. "Porque nadie entendería que la Fundación Ideas, porque esté en el protectorado del Ministerio de Educación, decida qué hace según lo que diga el ministro José Ignacio Wert, o que sea el Ministerio de Sanidad el que determine qué hace la Cruz Roja", ha ejemplificado.
Según el diputado, lo único de lo que se encargará la comunidad o el Ministerio de Economía, según el caso, será de "vigilar que las fundaciones no gasten el dinero indebidamente" y ha recordado que esta "excelente reforma" supone garantizar de hecho la "despolitización total" de las administraciones sobre la actividad financiera. "Por tanto, he echado en falta un poco de realidad", ha concluido. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado para su tramitación.
