El Gobierno insistió ayer en que introducir en España un contrato único no está en sus planes y además es inconstitucional, mientras que el comisario europeo de Empleo, Laszlo Ándor, que el lunes apuntó la idea, matizó que no es una propuesta nueva y en todo caso se debe contemplar a largo plazo.
Ante el revuelo causado a raíz de sus declaraciones del lunes, el comisario Ándor hizo ayer distintas consideraciones sobre el tema: por un lado advirtió de que 'muchas veces son necesarios cambios legislativos para encontrar la solución a un problema', y 'no se puede negar' que en este país hay un problema con el alto desempleo, sobre todo juvenil.
Por otro matizó que él sólo habló de una de las varias ideas que se pueden contemplar a largo plazo para acabar con la fragmentación del mercado laboral en España y otros países, y que se incluyen en la Estrategia 2020, aprobada hace tres años.
De momento, recalcó, la Comisión Europea tiene que estudiar los resultados en la práctica de la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno español y, en su caso, evaluar si se deben 'considerar medidas nuevas'.
NO ES CONSTITUCIONAL
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aclaró que Bruselas no hizo a España una recomendación oficial para que proceda a implantar el contrato único, del que reiteró que no tiene cabida en la Constitución española.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, recordó que la CE no tiene competencias en la contratación en España, mientras que su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que si se implantase el contrato único supondría una 'invitación' a las empresas a despedir a los trabajadores más jóvenes 'sin causa y casi gratis total'.
A su vez, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, dijo que la propuesta 'técnica' de la Comisión sobre el contrato único 'no es una ocurrencia' aunque sí bastante 'atrevida' y pidió más datos para poder valorarla en profundidad, porque supone cambiar la legislación española de un 'golpe'. En todo caso, ha recordado que en España hay 41 modalidades de contratación, pero sólo se utilizan '7 u 8', por lo que apostó por su reducción.
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Terciado, consideró que podrá haber 'algún cambio puntual en la reforma laboral', pero no orientada a implantar ese tipo de contrato.
GRUPOS POLÍTICOS
Entre los grupos políticos, sólo UPyD defendió el contrato único indefinido como la única manera de 'desbloquear' el mercado laboral y el problema del desempleo en España, ya que facilitaría la creación rápida de empleos y favorecería la salida de la crisis.
A su vez, el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, recalcó, en línea con el Gobierno, que 'no es necesario introducir una nueva modalidad contractual'.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, emplazó al comisario Lazslo Ándor a que diga en qué países se implantó el contrato único que defiende y cuáles fueron los resultados.
El portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, criticó que se presente la fórmula del contrato único abierto como 'pócima mágica' contra el paro, cuando en su opinión solo serviría como excusa para 'dar otra vuelta de tuerca' a la precariedad laboral.
También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó la idea y dijo que 'los burócratas' de Bruselas proponen 'experimentos que no se atreven a realizar en sus países' y demuestran 'poca solidaridad' para salir todos juntos de la crisis.
Por otro matizó que él sólo habló de una de las varias ideas que se pueden contemplar a largo plazo para acabar con la fragmentación del mercado laboral en España y otros países, y que se incluyen en la Estrategia 2020, aprobada hace tres años.
De momento, recalcó, la Comisión Europea tiene que estudiar los resultados en la práctica de la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno español y, en su caso, evaluar si se deben 'considerar medidas nuevas'.
NO ES CONSTITUCIONAL
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aclaró que Bruselas no hizo a España una recomendación oficial para que proceda a implantar el contrato único, del que reiteró que no tiene cabida en la Constitución española.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, recordó que la CE no tiene competencias en la contratación en España, mientras que su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que si se implantase el contrato único supondría una 'invitación' a las empresas a despedir a los trabajadores más jóvenes 'sin causa y casi gratis total'.
A su vez, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, dijo que la propuesta 'técnica' de la Comisión sobre el contrato único 'no es una ocurrencia' aunque sí bastante 'atrevida' y pidió más datos para poder valorarla en profundidad, porque supone cambiar la legislación española de un 'golpe'. En todo caso, ha recordado que en España hay 41 modalidades de contratación, pero sólo se utilizan '7 u 8', por lo que apostó por su reducción.
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Terciado, consideró que podrá haber 'algún cambio puntual en la reforma laboral', pero no orientada a implantar ese tipo de contrato.
GRUPOS POLÍTICOS
Entre los grupos políticos, sólo UPyD defendió el contrato único indefinido como la única manera de 'desbloquear' el mercado laboral y el problema del desempleo en España, ya que facilitaría la creación rápida de empleos y favorecería la salida de la crisis.
A su vez, el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, recalcó, en línea con el Gobierno, que 'no es necesario introducir una nueva modalidad contractual'.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, emplazó al comisario Lazslo Ándor a que diga en qué países se implantó el contrato único que defiende y cuáles fueron los resultados.
El portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, criticó que se presente la fórmula del contrato único abierto como 'pócima mágica' contra el paro, cuando en su opinión solo serviría como excusa para 'dar otra vuelta de tuerca' a la precariedad laboral.
También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó la idea y dijo que 'los burócratas' de Bruselas proponen 'experimentos que no se atreven a realizar en sus países' y demuestran 'poca solidaridad' para salir todos juntos de la crisis.
