La juez sustituta del juzgado que investiga los ERE falsos ha enviado hoy a prisión a Juan Francisco Algarín, administrador de una empresa presuntamente utilizada como pantalla para introducir en el sistema financiero las comisiones ilegales que se cobraban.
Fuentes del caso han informado de que el imputado fue detenido ayer y de madrugada pasó a disposición del juzgado de instrucción 4 de Sevilla, en funciones de guardia, quien prorrogó su detención para que hoy pudiera comparecer ante la juez Ana Rosa Curra, sustituta de la juez Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla.
Las fuentes han indicado que el imputado ha reconocido que llevó personalmente sobres y fundas de ordenador llenas de billetes de 200 y 500 euros a bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla, cercanos a su delegación provincial sevillana, e incluso a Madrid, donde se los entregó al imputado Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, empresa mediadora en los ERE.
También sostiene que recogió dinero en Mercasevilla de manos de Daniel Ponce, exsubdirector del mercado condenado por pedir 450.000 euros en comisiones ilegales en el primer sumario del caso que dio lugar a la posterior investigación sobre los ERE fraudulentos.
El caso de los ERE está bajo secreto sumarial desde noviembre pasado para investigar una nueva línea de la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales y cohecho.
Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el 'conseguidor' Juan Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que 'introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad', el dinero procedente de las comisiones que aplicaban a las pólizas financiadas por la Junta.
En octubre pasado, la Guardia Civil entregó a Alaya un listado de ingresos bancarios presuntamente usados con ese fin, con o sin conocimiento de los receptores, entre los que destacan los más de 1,5 millones de euros recibidos por Eduardo Leal del Real y los 362.000 euros de Juan Francisco Algarín.
La Guardia Civil dijo entonces que esa investigación formaba parte de un estudio que 'espera que permita aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación', pues de lo estudiado hasta ahora 'se deduce que dichas ayudas habrían sido concedidas con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable'.
Hasta ahora, la UCO ha asegurado en escritos dirigidos a la juez Mercedes Alaya que la 'deficiente gestión' de las ayudas financiadas por la Junta supuso no solo la aparición de intrusos, sino 'cuantiosos' intereses y comisiones y el uso de pólizas para pagar facturas.
Las investigaciones, según los datos de la UCO, apuntan a que la mediadora Vitalia y el bufete Villasís 'mantuvieron importantes relaciones económicas' en forma de pagos entre el 2003 y el 2006 con Atrado Mensajería y Estudios Agenciales S.L., cuyo administrador único era Eduardo Leal.
A juicio del investigador de la UCO, el estado actual de las pesquisas hacía sospechar que Juan Lanzas, el bufete Villasís y Vitalia pretendían utilizar como 'pantalla', con o sin su consentimiento, a Atrado, Estudios Agenciales, Distripack y a las personas vinculadas a dichas empresas, entre ellos Leal y Algarín.
Se trataría, según la Guardia Civil, de 'mediante esta maniobra, introducir en el circuito financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía'.
La juez Alaya está de baja por enfermedad desde el 12 de septiembre pasado y Algarín es el primer imputado que ingresa en prisión después de que, entre agosto y octubre pasado, salieran de la cárcel, por orden de la Audiencia de Sevilla, los tres encarcelados por el caso: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo.
Las fuentes han indicado que el imputado ha reconocido que llevó personalmente sobres y fundas de ordenador llenas de billetes de 200 y 500 euros a bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla, cercanos a su delegación provincial sevillana, e incluso a Madrid, donde se los entregó al imputado Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, empresa mediadora en los ERE.
También sostiene que recogió dinero en Mercasevilla de manos de Daniel Ponce, exsubdirector del mercado condenado por pedir 450.000 euros en comisiones ilegales en el primer sumario del caso que dio lugar a la posterior investigación sobre los ERE fraudulentos.
El caso de los ERE está bajo secreto sumarial desde noviembre pasado para investigar una nueva línea de la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales y cohecho.
Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el 'conseguidor' Juan Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que 'introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad', el dinero procedente de las comisiones que aplicaban a las pólizas financiadas por la Junta.
En octubre pasado, la Guardia Civil entregó a Alaya un listado de ingresos bancarios presuntamente usados con ese fin, con o sin conocimiento de los receptores, entre los que destacan los más de 1,5 millones de euros recibidos por Eduardo Leal del Real y los 362.000 euros de Juan Francisco Algarín.
La Guardia Civil dijo entonces que esa investigación formaba parte de un estudio que 'espera que permita aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación', pues de lo estudiado hasta ahora 'se deduce que dichas ayudas habrían sido concedidas con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable'.
Hasta ahora, la UCO ha asegurado en escritos dirigidos a la juez Mercedes Alaya que la 'deficiente gestión' de las ayudas financiadas por la Junta supuso no solo la aparición de intrusos, sino 'cuantiosos' intereses y comisiones y el uso de pólizas para pagar facturas.
Las investigaciones, según los datos de la UCO, apuntan a que la mediadora Vitalia y el bufete Villasís 'mantuvieron importantes relaciones económicas' en forma de pagos entre el 2003 y el 2006 con Atrado Mensajería y Estudios Agenciales S.L., cuyo administrador único era Eduardo Leal.
A juicio del investigador de la UCO, el estado actual de las pesquisas hacía sospechar que Juan Lanzas, el bufete Villasís y Vitalia pretendían utilizar como 'pantalla', con o sin su consentimiento, a Atrado, Estudios Agenciales, Distripack y a las personas vinculadas a dichas empresas, entre ellos Leal y Algarín.
Se trataría, según la Guardia Civil, de 'mediante esta maniobra, introducir en el circuito financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía'.
La juez Alaya está de baja por enfermedad desde el 12 de septiembre pasado y Algarín es el primer imputado que ingresa en prisión después de que, entre agosto y octubre pasado, salieran de la cárcel, por orden de la Audiencia de Sevilla, los tres encarcelados por el caso: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo.
