El Gobierno limitará las hipotecas que se concedan con un plazo superior a 30 años

El ministro de Economía, Luis de Guindos, espera alcanzar el 'máximo consenso' con los grupos parlamentarios del Congreso con el objetivo de mejorar la Ley Antidesahucios y reflejar así todas las sensibilidades con respecto al problema de las hipotecas, si bien ya avanzó que el Gobierno no aceptará la dación en pago generalizada -como piden formaciones como la Izquierda Plura- ya que es una medida que supone perder la casa.
Así se ha pronunciado ayer al término de la primera sesión plenaria del año, en la que la mayoría absoluta de los 'populares' permitió rechazar las enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley, dejando la puerta abierta a pactar modificaciones durante el resto de su tramitación.

De Guindos abundó en las enmiendas parciales que el PP presentará a este proyecto de ley, y que él mismo ya había enunciado durante su intervención en el Hemiciclo. En primer lugar, se propondrá una modificación de la Ley Hipotecaria para limitar los intereses de demora a un máximo equivalente a tres veces el tipo de interés legal del dinero, actualmente en el 4%, prácticamente la mitad del 20% que se llega a aplicar actualmente.

También se promoverán cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar una 'mayor rapidez en la ejecución hipotecaria', algo que 'favorece al deudor'; y se sacarán del 'pull de hipotecas que se incluyen en las cédulas hipotecarias' a aquellos créditos que se concedan para un plazo superior a los 30 años.

'No es que se prohíba conceder hipotecas a más de 30 años, pero se limitarán de forma indirecta.

En el paquete de propuestas del Grupo Popular se incluirá una enmienda para ampliar y flexibilizar los márgenes del Código de Buenas Prácticas aprobado el pasado mes marzo para que 'haya más beneficiarios' de las posibilidades de reestructuración, quita y dación en pago que recoge.

El Gobierno impulsará asimismo el 'reequilibrio' de la relación entre los hipotecados y los bancos, la posibilidad de que si una entidad financiera que se adjudica una vivienda consigue plusvalía con su venta destine el 50% a reducir la deuda pendiente.

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