El 22 de septiembre el Congreso daba luz verde a la reforma de la Ley Concursal de 2003. La normativa, en vigor desde el día 1 de enero, apuesta por agilizar trámites y reducir tiempos para evitar la quiebra definitiva de las empresas, aunque el economista y especialista en procesos concursales Diego Comendador (Vilagarcía, 1955) considera que se queda corta.
Comendador, socio de la consultora coruñesa Plade, ha participado en los concursos de acreedores más importantes que tuvieron lugar en Galicia en los últimos años, incluidos los de Martinsa-Fadesa o de Vulcano. Es miembro del Colegio de Economistas de A Coruña y vocal del Registro de Economistas Forenses.
¿Cuáles son las principales novedades que aporta la nueva Ley Concursal?
A mi juicio, aporta serenidad. Lo primero que busca es intentar solucionar los acuerdos extrajudiciales para evitar que las empresas entren en concurso. De esta forma facilita los acuerdos de refinanciación, dando garantías de cobro y si entran en concurso el objetivo es agilizar todo el proceso. Hasta la fecha se eternizaban en muchas ocasiones y con esta ley, mediante una serie de regulaciones, se va a conseguir reducir esos plazos. Por otro lado también aspira a reducir costes, aunque a mi juicio no lo va a hacer de la manera recomendable porque modifica sustancialmente uno de los elementos más importantes del concurso, que es la administración concursal, bajando el número de miembros de tres a uno. Esa no es forma de reducir costes porque sin llegar a crear un cuerpo especialista, dota al administrador de mayores responsabilidades y dificultades. Otra cuestión es que pueden presentarse personas jurídicas.
Una ley de servicio a la viabilidad, no a la liquidación, así la vendió' el gobierno del PSOE. ¿Está de acuerdo?
Efectivamente, en la medida en que los plazos se acorten contribuirá decisivamente a que la ley concursal no sea un tanatorio, sino un hospital. Pero echo en falta ciertas reformas en otros ámbitos como el correspondiente a la Seguridad Social o Hacienda, ya que una empresa que esté en concurso no puede contratar con el Estado o acceder a obra pública, no puede tener sus certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, lo cual le veta en el acceso a cualquier tipo de subvención, a obtener tarjeta de transporte, etc. Otra cuestión muy importante es que la empresa que está en concurso con la financiación que obtiene obliga al financiador, al banco, a hacer una dotación del 25%, lo cual dificulta mucho a las empresas en concurso tener financiación.
¿Considera que se queda corta?
Las medidas que se han regulado para agilizar los procesos se quedan cortas, sí. Hay que considerar a la compañía concursada como una empresa normal, que está atravesando una dificultad financiera, por eso accede al concurso, pero a la que no se debe de castigar con una serie de prohibiciones que le dificultan competir en el mercado con otras. La ley no se ajusta a la realidad económica del país en ese sentido.
Tras varios años instalados en la crisis, ¿esta reforma llega tarde?
No es que llegue tarde, ya la ley anterior aguantó muy bien el envite al que se vio sometida. Con esta ley, y teniendo en cuenta la crisis que hemos pasado y la que estamos pasando, muchas empresas alcanzaron convenio, entre ellas Martinsa-Fadesa. Quizá también haya servido para depurar. La reforma no llega tarde, pero si hubiera llegado antes quizá hubiese ido mejor.
¿Muchas empresas podrían haber sobrevivido de haber concursado bajo esta regulación?
Soy de los que creo que una de las causas fundamentales de que las empresas cierren es porque quizá acuden tarde a la ley concursal. Agotan hasta última hora todos sus recursos y cuando acceden al concurso están prácticamente desahuciadas. A ello contribuyen todas esas trabas que mencionaba antes, a las que se enfrentan las empresas que están en concurso. Hay que hacer un mix de regulaciones que se pueden sintetizar en una idea: no estigmatizar más de lo que ya está a una empresa en concurso. Así podríamos acercarnos a los parámetros europeos porque España con 4.700 concursos en el último año está a la cola de los procedimientos concursales en Europa, por raro que parezca.
¿Cuáles son las principales novedades que aporta la nueva Ley Concursal?
A mi juicio, aporta serenidad. Lo primero que busca es intentar solucionar los acuerdos extrajudiciales para evitar que las empresas entren en concurso. De esta forma facilita los acuerdos de refinanciación, dando garantías de cobro y si entran en concurso el objetivo es agilizar todo el proceso. Hasta la fecha se eternizaban en muchas ocasiones y con esta ley, mediante una serie de regulaciones, se va a conseguir reducir esos plazos. Por otro lado también aspira a reducir costes, aunque a mi juicio no lo va a hacer de la manera recomendable porque modifica sustancialmente uno de los elementos más importantes del concurso, que es la administración concursal, bajando el número de miembros de tres a uno. Esa no es forma de reducir costes porque sin llegar a crear un cuerpo especialista, dota al administrador de mayores responsabilidades y dificultades. Otra cuestión es que pueden presentarse personas jurídicas.
Una ley de servicio a la viabilidad, no a la liquidación, así la vendió' el gobierno del PSOE. ¿Está de acuerdo?
Efectivamente, en la medida en que los plazos se acorten contribuirá decisivamente a que la ley concursal no sea un tanatorio, sino un hospital. Pero echo en falta ciertas reformas en otros ámbitos como el correspondiente a la Seguridad Social o Hacienda, ya que una empresa que esté en concurso no puede contratar con el Estado o acceder a obra pública, no puede tener sus certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, lo cual le veta en el acceso a cualquier tipo de subvención, a obtener tarjeta de transporte, etc. Otra cuestión muy importante es que la empresa que está en concurso con la financiación que obtiene obliga al financiador, al banco, a hacer una dotación del 25%, lo cual dificulta mucho a las empresas en concurso tener financiación.
¿Considera que se queda corta?
Las medidas que se han regulado para agilizar los procesos se quedan cortas, sí. Hay que considerar a la compañía concursada como una empresa normal, que está atravesando una dificultad financiera, por eso accede al concurso, pero a la que no se debe de castigar con una serie de prohibiciones que le dificultan competir en el mercado con otras. La ley no se ajusta a la realidad económica del país en ese sentido.
Tras varios años instalados en la crisis, ¿esta reforma llega tarde?
No es que llegue tarde, ya la ley anterior aguantó muy bien el envite al que se vio sometida. Con esta ley, y teniendo en cuenta la crisis que hemos pasado y la que estamos pasando, muchas empresas alcanzaron convenio, entre ellas Martinsa-Fadesa. Quizá también haya servido para depurar. La reforma no llega tarde, pero si hubiera llegado antes quizá hubiese ido mejor.
¿Muchas empresas podrían haber sobrevivido de haber concursado bajo esta regulación?
Soy de los que creo que una de las causas fundamentales de que las empresas cierren es porque quizá acuden tarde a la ley concursal. Agotan hasta última hora todos sus recursos y cuando acceden al concurso están prácticamente desahuciadas. A ello contribuyen todas esas trabas que mencionaba antes, a las que se enfrentan las empresas que están en concurso. Hay que hacer un mix de regulaciones que se pueden sintetizar en una idea: no estigmatizar más de lo que ya está a una empresa en concurso. Así podríamos acercarnos a los parámetros europeos porque España con 4.700 concursos en el último año está a la cola de los procedimientos concursales en Europa, por raro que parezca.
