Los dos responsables de la central nuclear de Ascó en 2007, imputados por la emisión sin control de partículas radiactivas al aire durante varios meses, se han negado hoy a declarar ante el juzgado de Gandesa que instruye el caso.
El director de la central nuclear de Ascó cuando se produjo el escape de partículas radiactivas en noviembre del 2007, Rafael Gasca, y el jefe del servicio de Protección Radiológica, F.G.T., han llegado pasadas las nueve de la mañana al edificio judicial acompañados de sus abogados y representantes de la central.
Alrededor de una hora después, han abandonado las dependencias sin hacer declaraciones ante los numerosos medios de comunicación que se han congregado hoy en Gandesa.
Tampoco han explicado su versión de los hechos ni a la juez instructora del caso, Laura Martínez Salom, ni al fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal, ya que se han acogido a su derecho de no declarar.
En este sentido, fuentes judiciales han informado de que los imputados podrían solicitar prestar declaración de forma voluntaria en los próximos meses, cuando la fase de instrucción esté más avanzada y se disponga de los informes periciales solicitados por la juez.
La portavoz de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), Montse Godall, ha manifestado, no obstante, el interés de la entidad en 'seguir colaborando con la justicia, como hemos hecho hasta ahora'.
Por otra parte, la declaración de los otros dos imputados por este caso -J.S.R., jefe de explotación de la planta en 2007, y A.G.R., inspector residente titular de Ascó 1 cuando se produjo la fuga-, prevista para el próximo viernes, ha quedado suspendida sine die.
Tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona contra diferentes responsables de la nuclear Ascó 1, la juez abrió el mes pasado las primeras diligencias judiciales por un delito de este tipo en España desde 1989.
Los imputados están acusados de delitos contra la seguridad colectiva por exposición a radiaciones ionizantes a personas, contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental.
En total, estos delitos pueden ser sancionados con penas que oscilan entre los seis y los 16 años de cárcel.
En su querella, el fiscal acusa a los máximos responsables de Ascó de cometer 'inaceptables negligencias' que propiciaron que, en noviembre de 2007, la central nuclear de Ascó I emitiese al exterior partículas radiactivas -que no se han podido cuantificar-, de lo que no informó hasta abril del año siguiente.
El servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que 'no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes' a la planta.
Según el fiscal, el suceso se produjo mientras finalizaba la recarga de combustible, cuando un trabajador novel, 'siguiendo instrucciones verbales', vació de forma indebida un recipiente con 50 litros de líquido radiactivo que saltó a la rejilla de aspiración del circuito de ventilación de la central.
El incidente fue clasificado con un nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (Ines), que va de 0 a 7, y supuso la imposición por parte del Ministerio de Industria de la mayor multa de la historia nuclear española, un total de 15,4 millones de euros.
El reactor de Ascó I, de 1.032 megavatios de potencia, produce al año más de 760.000 megavatios por hora y es el cuarto de mayor potencia instalado en España. Inaugurado en 1983 y propiedad de Endesa, su actual permiso de explotación vence en octubre de este año.
