El Gobierno confirma que está llevando a cabo un proceso de verificación de los requisitos de las ayudas por cese de actividad que se concedieron a entre 100.000 y 150.000 autónomos afectados por la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia.
En una respuesta parlamentaria a un grupo de diputados del PP, el Gobierno explica que dada la situación de emergencia derivada de la pandemia, se produjo un reconocimiento provisional de la prestación extraordinaria por cese de actividad para las personas autónomas por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, órganos gestores de la prestación.
Este reconocimiento provisional precisaría posteriormente de la verificación del cumplimiento de los requisitos, y es a partir del 1 de septiembre de este año cuando se ha iniciado por parte de las mutuas el reconocimiento definitivo de las prestaciones de cese extraordinario.
En este punto, el Ejecutivo ha detectado un “pequeño porcentaje de prestaciones, derivado de insuficiencia documental en la acreditación de los requisitos”, en los que es preciso recabar la información adicional al autónomo de cara a verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos que la norma establece y proceder al reconocimiento definitivo de la prestación.
Es aquí donde el Gobierno dice que si bien el número de prestaciones que se verán afectadas por el trámite de audiencia no es posible cuantificarlo de modo exacto, se estima que el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos afecte “a entre 100.000 y 150.000 autónomos”, que es en torno al 6,5% y el 10% del total de las prestaciones reconocidas provisionalmente.
No obstante, el Ejecutivo señala en su respuesta que el proceso de revisión de los requisitos “no implica la restitución de la prestación”, sino la solicitud al autónomo para que pruebe aquellos requisitos para el cobro de la ayuda.
“En la mayor parte de los supuestos, presentada la documentación acreditativa y verificado el cumplimiento de los requisitos, se procederá al reconocimiento definitivo de las misma por la mutua”, apostilla el Gobierno.
En el caso que no quede acreditado el cumplimiento de los requisitos que la normativa establece, se procederá la reclamación formal de la prestación.
