El Tesoro colocó este año más de 80.000 millones de euros entre los inversores

El Tesoro Público colocó más de 80.000 millones de euros en las emisiones de letras, bonos y obligaciones en estos primeros cinco meses de 2011, según los datos del organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Estos datos evidencian la capacidad del Tesoro para colocar papel entre los inversores a pesar de las dudas que surgieron en los mercados a lo largo de estos meses y los sucesivos repuntes de la prima de riesgo española. En concreto, el Tesoro colocó casi 40.000 millones (38.778,45) en las diez subastas de letras celebradas entre enero y mayo, cantidad que se reduce a 28.000 millones en el caso de los bonos (incluyendo la emisión de dos bonos sindicados) y a casi 15.000 millones en obligaciones.

Entre las obligaciones, el Tesoro incluyó dos subastas adicionales no previstas en los meses de marzo y abril. Además, el organismo celebró ya seis subastas de liquidez para entidades financieras, la última de ellas esta misma semana.

A lo largo de estos meses, el Tesoro fue cumpliendo sus objetivos a pesar de que el 2011 comenzó con fuertes tensiones en los mercados ante las dudas sobre la capacidad de Portugal para evitar el rescate. De hecho, en esos días, la prima de riesgo española rozó los 270 puntos básicos. Este rebrote de la desconfianza obligó al Tesoro a elevar el interés de sus primeras emisiones del año para colocar papel entre los inversores, aunque las subastas se cerraron con un éxito relativo gracias a la elevada demanda.

Desde mediados del mes de enero, las tensiones en los mercados comenzaron a moderarse y, en paralelo, el Tesoro pudo rebajar el interés de las subastas y cerrar con gran éxito las emisiones celebradas en febrero y marzo, a pesar de que fue a principios del tercer mes del año cuando la agencia de calificación Moody's rebajó la nota española. En aquellos meses, España consiguió distanciarse de otros países europeos que sí seguían en el punto de mira de los mercados, gracias, en parte, al impulso reformista del Gobierno, el cumplimiento de los objetivos de déficit en 2010 y el compromiso de los agentes sociales de reformar la negociación colectiva.

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