La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Eleanor Sharpston recomendó ayer imponer una multa de 50 millones de euros a España por no recuperar a tiempo las ayudas concedidas en los años noventa a empresas del País Vasco, que fueron declaradas ilegales.
La jurista comunitaria da la razón por tanto a la Comisión Europea (CE), que había solicitado la imposición de una sanción financiera contra España, aunque reduce la cuantía frente a lo que había solicitado Bruselas, unos 64 millones de euros. Sharpston considera que 50 millones ya es una cuantía importante, con suficiente carácter disuasorio, y destaca que si el Tribunal finalmente está de acuerdo con su recomendación e impone esta sanción, sería la suma a tanto alzado más elevada impuesta hasta ahora por Luxemburgo.
En su opinión, España merece una multa de esta magnitud porque tanto la cuantía de las ayudas ilegales como la demora en su recuperación son considerables, y porque la infracción reviste tal gravedad como para afectar al comercio entre los Estados miembros.
La máxima instancia judicial comunitaria declaró ilegal en 2006 el régimen fiscal conocido como 'vacaciones fiscales vascas'. Las ventajas fiscales, que nunca fueron notificadas a la CE, consistían en un crédito a empresas del 45% del importe de ciertas inversiones y reducción de la base imponible.
En su opinión, España merece una multa de esta magnitud porque tanto la cuantía de las ayudas ilegales como la demora en su recuperación son considerables, y porque la infracción reviste tal gravedad como para afectar al comercio entre los Estados miembros.
La máxima instancia judicial comunitaria declaró ilegal en 2006 el régimen fiscal conocido como 'vacaciones fiscales vascas'. Las ventajas fiscales, que nunca fueron notificadas a la CE, consistían en un crédito a empresas del 45% del importe de ciertas inversiones y reducción de la base imponible.
