El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, calificó de 'decepcionante y muy perjudicial para Galicia' la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar el real decreto que prima la quema de carbón nacional para la producción de energía eléctrica. Asimismo, Guerra señaló que esta aprobación 'penaliza a Galicia'.
El titular de Industria manifestó que aprobar estas ayudas, 'a todas luces incompatibles con el mercado interior', significa 'traspasar los problemas sociales y económicos de unas comunidades a otras'. Además, criticó que el Gobierno central 'no recogiera e ignorara' los 'negativos' efectos de la entrada en vigor de este decreto, que supondrá 'el paro de las centrales térmicas de Cerceda y As Pontes, y la reducción de la actividad de los ciclos combinados de Sabón y As Pontes y de los puertos de A Coruña y Ferrol'.
Guerra consideró que esto 'pone en riesgo más de 3.000 empleos y tendrá un impacto económico de 1.200 millones de euros'. Por ello, ha señalado que 'no se puede tolerar ni justificar' la autorización de las ayudas y advirtió de que el Ejecutivo autonómico 'empleará todas las herramientas jurídicas a su alcance' para combatir el decreto.
La decisión penaliza a Galicia, tras haber cerrado las minas y haber realizado inversiones para adaptar y modernizar las centrales térmicas y crear los ciclos combinados de Sabón y As Pontes, y todo para reforzar el sistema eléctrico español y cumplir con el protocolo de Kyoto, reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera', lamentó el conselleiro de Economía e Industria.
Greenpeace consideró 'incoherente' la autorización de la Comisión Europea , según señaló su responsable de energía en la UE, Frauke Thies, pues en marzo se dijo que este tipo de subsidios eran 'contraproducentes' y debían ser eliminados en el marco de la estrategia de crecimiento económico 'Europa 2020', pero ahora permite a España mantener las compensaciones otros cuatro años.
Guerra consideró que esto 'pone en riesgo más de 3.000 empleos y tendrá un impacto económico de 1.200 millones de euros'. Por ello, ha señalado que 'no se puede tolerar ni justificar' la autorización de las ayudas y advirtió de que el Ejecutivo autonómico 'empleará todas las herramientas jurídicas a su alcance' para combatir el decreto.
La decisión penaliza a Galicia, tras haber cerrado las minas y haber realizado inversiones para adaptar y modernizar las centrales térmicas y crear los ciclos combinados de Sabón y As Pontes, y todo para reforzar el sistema eléctrico español y cumplir con el protocolo de Kyoto, reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera', lamentó el conselleiro de Economía e Industria.
Greenpeace consideró 'incoherente' la autorización de la Comisión Europea , según señaló su responsable de energía en la UE, Frauke Thies, pues en marzo se dijo que este tipo de subsidios eran 'contraproducentes' y debían ser eliminados en el marco de la estrategia de crecimiento económico 'Europa 2020', pero ahora permite a España mantener las compensaciones otros cuatro años.
