La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, imputada por tráfico de influencias, declaró ayer durante unos 40 minutos ante el juez de Sabadell que investiga la trama de la 'Operación Mercurio', y abandonó los juzgados sin hacer declaraciones.
El juez de la 'Operación Mercurio' investiga si la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac hizo un concurso a medida de una ex alto cargo del tripartito a instancias del dirigente del PSC y diputado Daniel Fernández.
Entre los expedientes que investiga el juez de Sabadell consta el relativo al concurso para la contratación como arquitecta municipal de Carmina Llumà, ex secretaria general de Política Territorial en la etapa del tripartito en la Generalitat.
El juez, que ha sostenido parte de la instrucción en escuchas telefónicas, investiga si la alcaldesa contrató a esta arquitecta obedeciendo la sugerencia o recomendación de Daniel Fernández, secretario de Organización del PSC, a quien el partido ha suspendido temporalmente de sus funciones.
Antes de contratar a Llumà, la alcaldesa destituyó, el 22 de marzo pasado, al que por entonces era arquitecto municipal, Albert Barenys, y abrió un concurso para adjudicar la plaza, en el que la ex alto cargo del tripartito se impuso a cuatro arquitectos.
El juez también investiga si la actuación del dirigente del PSC pudo ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, aunque en este caso no le ha imputado, porque al ser aforado, la decisión corresponde a una instancia superior, ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Entre los expedientes que investiga el juez de Sabadell consta el relativo al concurso para la contratación como arquitecta municipal de Carmina Llumà, ex secretaria general de Política Territorial en la etapa del tripartito en la Generalitat.
El juez, que ha sostenido parte de la instrucción en escuchas telefónicas, investiga si la alcaldesa contrató a esta arquitecta obedeciendo la sugerencia o recomendación de Daniel Fernández, secretario de Organización del PSC, a quien el partido ha suspendido temporalmente de sus funciones.
Antes de contratar a Llumà, la alcaldesa destituyó, el 22 de marzo pasado, al que por entonces era arquitecto municipal, Albert Barenys, y abrió un concurso para adjudicar la plaza, en el que la ex alto cargo del tripartito se impuso a cuatro arquitectos.
El juez también investiga si la actuación del dirigente del PSC pudo ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, aunque en este caso no le ha imputado, porque al ser aforado, la decisión corresponde a una instancia superior, ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
