Las comunidades autónomas del PP se comprometieron ayer a impulsar las propuestas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, asumiendo la idea de que deben eliminar o reducir el tamaño y coste de algunos órganos propios, como los Defensores del Pueblo o los Tribunales de Cuentas que tienen muchas de ellas.
Los consejeros de Presidencia de las Comunidades gobernadas por el PP manifestaron este respaldo durante la celebración ayer de una reunión presidida por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, a la que también asistieron el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó al final de la reunión que Galicia comenzó esta racionalización en 2009 y a ella se sumaron después el Gobierno del PP y otras comunidades gobernadas por el mismo partido. Rueda señaló que en el caso de Galicia, la Xunta considera que hay organismos e instituciones que 'es bueno mantener', pero eso no significa que no haya que hacer reducciones en los costes de funcionamiento.
REESTRUCTURAR O SUPRIMIR
Al término de la reunión, el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que se les ha planteado dos posibilidades: 'reestructurar' o 'suprimir instituciones propias' como Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó al final de la reunión que Galicia comenzó esta racionalización en 2009 y a ella se sumaron después el Gobierno del PP y otras comunidades gobernadas por el mismo partido. Rueda señaló que en el caso de Galicia, la Xunta considera que hay organismos e instituciones que 'es bueno mantener', pero eso no significa que no haya que hacer reducciones en los costes de funcionamiento.
REESTRUCTURAR O SUPRIMIR
Al término de la reunión, el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que se les ha planteado dos posibilidades: 'reestructurar' o 'suprimir instituciones propias' como Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo.
