El Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparado al etarra Alberto Viedma Morillas, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del subteniente del Ejército Francisco Casanova, y ha ordenado a los Juzgados de San Sebastián que reabra la investigación que archivó en 2003 para determinar si éste sufrió torturas durante su detención, que se produjo un año antes.
En una sentencia hecha pública hoy, la Sala Primera del Constitucional entiende que la denuncia por torturas que el etarra presentó tras ser detenido el 28 de febrero de 2002 'no fue investigada por el Juzgado de una forma eficaz', ya que 'aunque se emprendió con prontitud una investigación judicial para tratar de esclarecer los hechos, lo cierto es que ésta se cerró cuando persistían aún sospechas razonables de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para despejarlas'.
La resolución judicial, que cuenta con el voto particular del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a dos recientes sentencias del propio Constitucional para recordar que, si existe una sospecha 'razonable' de tortura y que si ésta es 'disipable', 'deben tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso, siendo preciso atender, entre otras circunstancias, a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos'.
