La Policía Nacional ha detenido este lunes a 25 personas en dos operaciones paralelas, una en Madrid y otra en Las Palmas de Gran Canaria, por delitos contra la Seguridad Social y estafa al Servicio Público de Empleo Estatal en las que han destapado un fraude superior a dos millones trescientos mil euros.
En la capital de España, la operación se ha llevado a cabo en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Parla y Madrid capital, donde han sido arrestadas 21 personas y otras 23 imputadas, tras detectar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores en dos empresas que aparentemente carecían de actividad laboral real.
En otra investigación, realizada en Las Palmas de Gran Canaria, se identificaron las actividades de un empresario que, desde el año 2000, evitó pagar las cuotas a la TGSS mediante el cierre y la creación de empresas con testaferros. La operación culminó con el arresto de 4 personas y la imputación de otra más por los mismos hechos, según informa la Policía en un comunicado.
Los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial, iniciaron las pesquisas sobre dos mercantiles madrileñas que acumulaban cuantiosas deudas como consecuencia de los continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real.
Las averiguaciones practicadas indicaban que al menos 42 supuestos trabajadores, tras acumular los periodos de carencia legalmente establecidos para acceder al derecho a las mismas, habían solicitado y cobrado prestaciones o subsidios por un importe cercano a los 139.000 euros, una vez dados de baja en las empresas y gracias a los certificados facilitados por el administrador único de las mercantiles investigadas.
Esta investigación se ha saldado con el arresto de 21 personas y la imputación de otras 23 como presuntos responsables, según los casos, de los delitos contra la seguridad social, falsedad documental y estafa.
SOCIEDADES PARA DESVIAR FONDOS
Paralelamente, en otra investigación realizada en Mogán (Las Palmas de Gran Canaria) se identificaron las actividades de un empresario del ramo de la restauración que, desde el año 2000, evitó pagar las cuotas a la TGSS mediante el cierre y la creación de empresas con testaferros y acumuló deudas con la TGSS por un importe próximo a los 925.000 euros.
La deuda contraída superó el límite de 120.000 euros en el año natural y, dado que se habían efectuado maniobras fraudulentas como trasvase de trabajadores, ocultación de la sede empresarial, uso de testaferros, etc, se procedió a imputar a los administradores y al propietario 'de facto' un delito contra la Seguridad Social.
Esta segunda investigación finalizó con la detención de 4 personas y la imputación de otra más, presuntamente responsables de dos delitos contra la seguridad social, uno de insolvencia punible y delitos contra los derechos de los trabajadores. La deuda acumulada por las mercantiles asciende a cerca de 925.000 euros.
Ambas operaciones han sido realizadas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial.
En otra investigación, realizada en Las Palmas de Gran Canaria, se identificaron las actividades de un empresario que, desde el año 2000, evitó pagar las cuotas a la TGSS mediante el cierre y la creación de empresas con testaferros. La operación culminó con el arresto de 4 personas y la imputación de otra más por los mismos hechos, según informa la Policía en un comunicado.
Los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial, iniciaron las pesquisas sobre dos mercantiles madrileñas que acumulaban cuantiosas deudas como consecuencia de los continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real.
Las averiguaciones practicadas indicaban que al menos 42 supuestos trabajadores, tras acumular los periodos de carencia legalmente establecidos para acceder al derecho a las mismas, habían solicitado y cobrado prestaciones o subsidios por un importe cercano a los 139.000 euros, una vez dados de baja en las empresas y gracias a los certificados facilitados por el administrador único de las mercantiles investigadas.
Esta investigación se ha saldado con el arresto de 21 personas y la imputación de otras 23 como presuntos responsables, según los casos, de los delitos contra la seguridad social, falsedad documental y estafa.
SOCIEDADES PARA DESVIAR FONDOS
Paralelamente, en otra investigación realizada en Mogán (Las Palmas de Gran Canaria) se identificaron las actividades de un empresario del ramo de la restauración que, desde el año 2000, evitó pagar las cuotas a la TGSS mediante el cierre y la creación de empresas con testaferros y acumuló deudas con la TGSS por un importe próximo a los 925.000 euros.
La deuda contraída superó el límite de 120.000 euros en el año natural y, dado que se habían efectuado maniobras fraudulentas como trasvase de trabajadores, ocultación de la sede empresarial, uso de testaferros, etc, se procedió a imputar a los administradores y al propietario 'de facto' un delito contra la Seguridad Social.
Esta segunda investigación finalizó con la detención de 4 personas y la imputación de otra más, presuntamente responsables de dos delitos contra la seguridad social, uno de insolvencia punible y delitos contra los derechos de los trabajadores. La deuda acumulada por las mercantiles asciende a cerca de 925.000 euros.
Ambas operaciones han sido realizadas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial.
