Los Grupos de Blanqueo de Capitales y Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza han detenido a un total de ocho personas, entre empresarios, gestores y otros profesionales, y se ha imputado a otra más, por un delito de estafa agravada en relación con la gestión de la cooperativa '2005 Valdespartera Soc. Coop'.
Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, esta cooperativa, que iba a ejecutar la construcción de 124 viviendas en unas parcelas de Arcosur, habría desarrollado durante los años 2008 a 2010 gestiones fraudulentas.
En esta actuación, denominada 'Operación Burbuja' se ha detenido al presidente de la cooperativa, A.J.V.A.; a los gestores, J.P.M. y C.G.A.P., que han sido puestos a disposición judicial; al tesorero de la cooperativa, F.B.L.; y a los intermediadores y administradores de diversas sociedades relacionadas con los anteriores, B.M.J, A.C.L., T.L.P. y A.T.T.M, que han sido puestos en libertad con cargos.
Los cooperativistas, que llegaron a ser más de un centenar, aportaron unos 46.000 euros cada uno. Para su gestión, se contrató a una gestoría cuyo administrador, J.P.M., de 53 años, se encargó de poner en funcionamiento la cooperativa.
Este individuo, en connivencia con el presidente de la cooperativa y otras personas, administradores de otras sociedades, no sólo no llevó a cabo ninguna gestión de provecho para los fines de la cooperativa sino que, tras sucesivas contrataciones y pagos de toda índole, todos ellos de carácter fraudulento, estas personas dejaron la cooperativa, que tuvo ingresos por importe total de unos tres millones de euros, completamente descapitalizada.
De esta forma, los gestores hicieron pagar a la cooperativa más de 200.000 euros en comisiones de intermediación a sociedades controladas por ellos mismos, por la compra de las parcelas donde se iban a construir las viviendas.
Además, se realizaron hasta tres contratos sucesivos de obra con tres empresas distintas sobre el mismo trabajo a desarrollar, cobrando a una de ellas 51.000 euros de comisión. También se realizaron pagos a las sociedades gestoras por importes superiores a los 700.000 euros sin que estas desarrollaran ninguna gestión de provecho.
En esta operación se ha detectado que ha existido un importante caudal de fondos destinado a las sociedades y personas gestoras y que se realizaron pagos desproporcionados por servicios sin valor real, pagos opacos a personas que sólo se han podido identificar tras la labor indagatoria de los investigadores.
Los propios cooperativistas, a finales de 2010, promovieron el cambio de Consejo Rector de la cooperativa y, tras constatar numerosas irregularidades, presentaron una denuncia por estos hechos, que se veía refrendada por un informe emitido en marzo de 2011 por el Servicio de Inspección y Control de demanda de vivienda protegida sobre la situación de la cooperativa de viviendas '2005 Valdespartera', que la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón remitió a la Fiscalía Provincial de Zaragoza.
En esta actuación, denominada 'Operación Burbuja' se ha detenido al presidente de la cooperativa, A.J.V.A.; a los gestores, J.P.M. y C.G.A.P., que han sido puestos a disposición judicial; al tesorero de la cooperativa, F.B.L.; y a los intermediadores y administradores de diversas sociedades relacionadas con los anteriores, B.M.J, A.C.L., T.L.P. y A.T.T.M, que han sido puestos en libertad con cargos.
Los cooperativistas, que llegaron a ser más de un centenar, aportaron unos 46.000 euros cada uno. Para su gestión, se contrató a una gestoría cuyo administrador, J.P.M., de 53 años, se encargó de poner en funcionamiento la cooperativa.
Este individuo, en connivencia con el presidente de la cooperativa y otras personas, administradores de otras sociedades, no sólo no llevó a cabo ninguna gestión de provecho para los fines de la cooperativa sino que, tras sucesivas contrataciones y pagos de toda índole, todos ellos de carácter fraudulento, estas personas dejaron la cooperativa, que tuvo ingresos por importe total de unos tres millones de euros, completamente descapitalizada.
De esta forma, los gestores hicieron pagar a la cooperativa más de 200.000 euros en comisiones de intermediación a sociedades controladas por ellos mismos, por la compra de las parcelas donde se iban a construir las viviendas.
Además, se realizaron hasta tres contratos sucesivos de obra con tres empresas distintas sobre el mismo trabajo a desarrollar, cobrando a una de ellas 51.000 euros de comisión. También se realizaron pagos a las sociedades gestoras por importes superiores a los 700.000 euros sin que estas desarrollaran ninguna gestión de provecho.
En esta operación se ha detectado que ha existido un importante caudal de fondos destinado a las sociedades y personas gestoras y que se realizaron pagos desproporcionados por servicios sin valor real, pagos opacos a personas que sólo se han podido identificar tras la labor indagatoria de los investigadores.
Los propios cooperativistas, a finales de 2010, promovieron el cambio de Consejo Rector de la cooperativa y, tras constatar numerosas irregularidades, presentaron una denuncia por estos hechos, que se veía refrendada por un informe emitido en marzo de 2011 por el Servicio de Inspección y Control de demanda de vivienda protegida sobre la situación de la cooperativa de viviendas '2005 Valdespartera', que la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón remitió a la Fiscalía Provincial de Zaragoza.
