España trata de impedir la demolición por parte del Ejército israelí de una planta fotovoltaica construida en el territorio palestino ocupado de Cisjordania con cerca de 300.000 euros de financiación de la Agencia de Cooperación y Desarrollo (AECID), indicaron fuentes diplomáticas españolas.
Las autoridades militares israelíes han emitido una orden de demolición de la instalación, levantada en 2009 y que supone la única fuente de electricidad para unos 300 beduinos palestinos que residen en la aldea de Emnaizel, por carecer de permiso de construcción.
Las fuentes confirmaron que 'se están haciendo gestiones' para tratar de evitar la destrucción de la planta, que podría llevarse a cabo el próximo martes.
Según explicó un cooperante español a cargo del proyecto, elaborado conjuntamente por la catalana Asociación de Servicios Energéticos Básicos Autónomos (SEBA), la Universidad de Nablusa y la Municipalidad de Yata, 'la planta se puso en marcha a principios de 2010, desde entonces funciona perfectamente y ha cambiado la vida de cuarenta familias que viven principalmente del ganado'.
La planta, subvencionada con 292.000 euros por la AECID, 'ha permitido que la escuela tenga electricidad y que por primera vez en la historia de este pueblo, seis niñas se hayan podido presentar a los exámenes de selectividad, y también ha facilitado la apertura de una clínica donde se da atención médica primaria y se hacen ultrasonidos a las embarazadas'.
La orden de demolición, recibida el pasado día 11, afecta tanto a la placa como al cuarto con las baterías y da de plazo para su desmantelación hasta el próximo día 18.
'El problema es que esta es una semana festiva en Israel y no conseguimos llevar adelante los trámites de la apelación, porque las oficinas gubernamentales están cerradas. Hemos enviado un fax para pedir una derogación, pero no hemos obtenido respuesta', señaló el cooperante español.
La aldea de Enmaizel está en el Área C de Cisjordania, sobre la que Israel controla todos los asuntos de seguridad y administrativos y, por norma general, no concede permisos de construcción.
La falta de permisos hace que las compañías eléctricas y de agua no suministren a los pueblos pequeños, por el alto riesgo de que sus instalaciones sean demolidas por el Ejército, lo que deja a decenas de miles de palestinos sin acceso a estos suministros.
